La Junta crea un trámite de urgencia que permitirá poner en marcha una empresa en diez días

El Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde hoy al Proyecto de Ley de Estímulo para la Creación de Empresas, que permitirá reducir los trámites para la creación de una compañía a tres meses, si bien incluye la figura de la autorización provisional que permitirá que una empresa pueda comenzar su actividad en un plazo de diez días, según señaló el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, durante la presentación del proyecto tras la reunión de consejeros. Según explicó, con esta nueva norma, que podría ser aprobada por las Cortes regionales en “dos o tres meses”, se crea un marco jurídico a través del cual se reducen las trabas administrativas y se impulsa la coordinación y el apoyo al emprendedor. En concreto, incidió en que se reducen a la mitad los trámites para crear e instalar una empresa en Castilla y León porque se tramitarán con carácter de “urgencia”. Por ejemplo, indicó para obtener una licencia ambiental se tarda unos cuatro meses que ahora los emprendedores tendrán en dos. Villanueva incidió en que este proyecto de ley, que tiene como destinatarios principales a los emprendedores, autónomos y empresas de economía social, ha que servir para iniciar la senda de la salida de la crisis basada en el incremento de la actividad económica y para contribuir a la creación de empresas y será complementario a la Estrategia del Emprendimiento y el Empleo Joven. “Este texto refuerza estas medidas y las complementa”. Según concretó Tomás Villanueva, este proyecto de ley se basa en tres pilares. El primero de ellos, se basa en el ámbito educativo para potenciar las habilidades emprendedoras desde la Educación Primaria, así como para impulsar la creación de empresas que tengan como base el conocimiento. El texto valora especialmente la figura del empresario como creador de riqueza y empleo, así como los valores éticos, de responsabilidad y trabajo basado en la excelencia. En segundo lugar, el proyecto trata, según Tomás Villanueva, de “poner en valor la figura del emprendedor” y trabajar para que las nuevas empresas estén basadas en criterios de excelencia. En concreto, este proyecto de ley define un marco jurídico “favorable” para los emprendedores fundamentado en la reducción de cargas administrativas y en la coordinación de los servicios de apoyo a los emprendedores. De esta forma, insistió, se reducen a la mitad los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos relacionados con la creación e instalación de empresas, mediante la aplicación del “trámite de urgencia”. Es decir, según señaló, estos procedimientos tendrán preferencia en su tramitación en los procedimientos a través del uso de “declaraciones responsables” para la inscripción de registros a la administración. Por eso, aseguró que el objetivo fundamental es que la duración de todos los procesos para la creación e instalación de empresas no excedan de tres meses, lo que no excluye, aclaró, que la ley prevea la figura de la autorización provisional, que permita que se pueda comenzar la instalación de la empresa en un plazo de diez días. Asimismo, se reforzará el uso de todo tipo de medios electrónicos para la tramitación de los expedientes y para ello, dijo, se colaborará con otras administraciones, al tiempo que desaparecerán las compulsas y serán sustituidas por declaraciones responsables de la autenticidad documental, a la vez que se creará “un repositorio electrónico” con las escrituras de las empresas para que no tengan que volver a presentarlo. Por último, dentro de este segundo pilar de la ley, se prevé la aprobación de un Plan de Apoyo a la creación de empresas y una coordinación de las infraestructuras públicas existentes, tales como viveros de empresas, incubadoras tecnológicas, parques empresariales y parques tecnológicos. Respecto al tercer pilar, el consejero de Economía y Empleo aseguró que será la creación de un mecanismo de coordinación de todos los servicios que presten asesoramiento, información y apoyo en la tramitación para la creación e instalación de empresas, denominado 'Sistema integral de apoyo al emprendedor', que estará abierto a la adhesión de otras administraciones y entidades privadas, siempre que la finalidad de coordinación y de facilitar el trabajo de la creación de empresas y que se basará además en documentos únicos. Asimismo, se pondrán en marcha medidas de apoyo estratégico a un nuevo proyecto empresarial que va desde el desarrollo inicial de la idea de negocio hasta la financiación de los nuevos proyectos, pasando por el apoyo a la innovación, a la producción y a su posterior comercialización. Entre ellos, aseguró Villanueva, tendrán una especial valoración aquellos que surjan en entornos rurales, aprovechando los recursos propios de la región teniendo en cuenta los objetivos de Agenda de Población. También prevé medidas innovadoras como la puesta a disposición del emprendedor de un agente de acompañamiento empresarial, un tutor del proyecto en el área de tramitación administrativa y en la implantación del proyecto. De la misma forma, se iniciarán los apoyos para la internacionalización de las nuevas empresas, el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación y la búsqueda de soluciones financieras como los microcréditos, el capital semilla o la inversión privada. Este proyecto de ley tiene como principal virtud para el consejero el que facilita mucho la simplificación administrativa. Además, subrayó que no supone ningún coste y, por lo tanto, no tiene aportaciones económicas porque se usarán los programas de los que dispone su departamento en relación a las políticas de fomento del emprendimiento. Respecto al apartado educativo, incidió en que ya se está trabajando en la elaboración del programa que podría comenzar el próximo curso, si bien no especificó en qué términos estará formulado. En todo caso, se hará a través de la introducción de “mecanismos que generen la vocación empresarial”. Participativo Además, el consejero resaltó que se trata de un Proyecto de Ley “muy participativo” ya que fue el primer texto que la Junta de Castilla y León introdujo en el Gobierno Abierto, donde ha participado la sociedad civil, así como las universidades, los autónomos, el Consejo Regional de Comercio y los grupos políticos de las Cortes.

Del mismo modo, en su elaboración han participado diversos departamentos a través de la constitución de un grupo de trabajo formado por representantes de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la Consejería de Hacienda, de representantes de la Consejería de Economía y Empleo y de representantes de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Finalmente, se ha incorporado la Consejería de Familia, que es competente en materia de juventud.

El texto ha sido informado por ocho órganos colegiados. Se trata de la Mesa del Autónomo de Castilla y León, el Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo, por el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, por el Consejo Regional de Economía Social y la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial. Por su parte, cuenta con informe positivo del Consejo Escolar de Castilla y León, del Consejo Rector del Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Por último, el consejero de Economía y Empleo ha presentado el anteproyecto ante la Comisión de Economía y Empleo de la Federación Regional de Municipios y Provincias, a petición de su presidente, y ante los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.