Las eólicas calculan pérdidas de 69 millones por el cambio energético

El sector eólico calcula que la modificación del modelo energético en España a raíz de la aplicación del último Real Decreto aprobado por el Gobierno central, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, supondrá unas pérdidas de 69 millones de euros en Castilla y León en 2013, una cuarta parte del total nacional (299 millones), algo que se justifica en que la Comunidad tiene instalada una potencia acumulada de 5.510 megavatios de este tipo de producción dependiente del viento, la primera del país, que en conjunto contempla 22.785 megavatios.

En España, calculan que hasta 2020 el sector dejará de ingresar 6.000 millones, mientras que en el último año y medio, los ingresos por esta actividad se han reducido en Castilla y León aproximadamente un 18 por ciento. En la actualidad, hay 236 parques eólicos a pleno rendimiento y 1.500 personas empleadas en el sector en la Comunidad.

Recurso

Por ello, la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl) avanzó, en declaraciones a Ical, que tiene preparado un recurso contra las últimas medidas determinadas por el Ministerio de Industria, que presentará ante la Audiencia Nacional, competente en decisiones legislativas del Ejecutivo central, «por quebrar el sistema y el principio de rentabilidad razonable», una cuestión que ahora se puede convertir en pérdidas para los promotores, según apuntó el secretario general de la organización, Eugenio García Tejerina. En este sentido, recordó que este problema está causado por el cambio de las reglas a mitad del juego, pues las inversiones realizadas por las empresas de energías renovables se desarrollaron en base al Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior, y garantizaba siempre unas tasas de rentabilidad razonable. La nueva norma, aprobada a principios de febrero, infringe este mismo principio, establecido en la Ley del Sector Eléctrico, por lo que pone en peligro también la seguridad jurídica y confianza legítima y amenaza la rentabilidad de parques eólicos.

«Si haces inversiones al amparo de una norma y luego te la cambian, hasta los bancos que te han financiado tienen dudas. Este hecho genera desconfianza incluso fuera del país. No podemos tirar con esto todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la imagen de España en el exterior, porque nos consta que se aprecia», señaló el secretario de Apecyl, quien definió como una «argentinización» esta medida del ministro de Industria, José Manuel Soria, y añadió que cuando desde España se ven «las expropiaciones de grandes empresas desde Bolivia todo el mundo se echa las manos a la cabeza, y estas medidas que se aplican aquí en materia energética tienen una repercusión similar hacia el exterior».

La Asociación Eólica Española (AEE) recuerda, al respecto, que cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico tuvieron en cuenta los costes operativos, los de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años. Por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de dos décadas es «crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable».

Apecyl pondrá sobre la mesa todas estas reivindicaciones durante las jornadas anuales sobre energía eólica que celebrará el 7 de marzo en el Museo de la Ciencia de Valladolid.