La Junta estima entre 700 y 1.000 millones anuales asumir los servicios locales de la reforma del Gobierno

La Junta de Castilla y León estima un coste de entre 700 y 1.000 millones de euros al año por asumir servicios de sanidad, educación y sociales que ahora se atienden por parte de los municipios y que podrían pasar a la Comunidad Autónoma con la aprobación de la reforma local que ha presentado el Gobierno central.

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, como ya anunció el martes, ha remitido un conjunto de alegaciones sobre el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno, en el que ha observado que «no es bueno» y «falta sensibilidad» con las peculiaridades del complejo mundo local de Castilla y León.

Las alegaciones, detalladas por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se centran en la defensa de los municipios, la clarificación de competencias, el criterio de coste efectivo sobre coste estándar para negociar los traspasos, el reconocimiento del trabajo altruista de alcaldes y concejales y la ampliación de plazos, entre ellos los previstos para rendir las cuentas.

En la primera aproximación que hace la Junta del coste por asumir los servicios municipales en sanidad, educación y servicios sociales, no se incluyen ni las residencias de la tercera edad ni los centros de día. El informe presentado al Gobierno señala que en la Comunidad existen 889 escuelas de primaria, con 1.200 edificios o instalaciones municipales en localidades de menos de 20.000 habitantes, así como numerosas guarderías impulsadas y gestionadas por las entidades locales. «Estos centros supondrían un claro sobrecoste para las administraciones autonómicas», refleja el Ejecutivo, que calcula en 70 millones su asunción más otros 32,5 de las guarderías.

También indica que hay 3.660 consultorios locales en municipios de más de 50 habitantes en los que no hay centro de salud, de los que 192 están en núcleos de población inferior a diez tarjetas sanitarias, que también supone, a juicio de la Junta, un sobrecoste. La asunción de servicios de dependencia y ayudas a domicilio cofinanciadas ahora con los municipios supone 168 millones, de los que la Junta aporta 100 millones.

Por ello, la Junta, que no se opone a asumir esos servicios municipales, aunque recuerda que la prestación por éstos no es impropia porque están recogidos en las leyes, concluye que es «absolutamente imprescindible» establecer y unificar para cada una de las competencias de educación, salud y servicios sociales un régimen adicional y transitorio homogéneo y específico.

El Gobierno autonómico también rechaza que se utilice el coste estándar para evaluar los servicios locales y los traspasos de medios materiales y personales entre las distintas administraciones y propone que la evaluación se realice con el coste efectivo por entender que la demografía no puede ser la única variable y se tienen que considerar además la densidad, la dispersión y el perfil de la población.

Ampliar plazos

Igualmente, desestima que se fije un año para asumir las competencias en servicios sociales por la Comunidad cuando es de cinco en los casos de educación y sanidad, por lo que plantea que se unifique para todos ellos. También, como mínimo un año propone para el caso de municipios que no superen la evaluación en un plazo de tres meses, lo que supone dejar de prestar esa competencia.

La Junta presenta como nueva disposición adicional al texto del Gobierno que las comunidades que presenten unas características peculiares territorialmente y sociodemográficas con un gran número de entidades locales, de las que el 90 por ciento tenga menos de 5.000 habitantes, tendrán un plazo tanto ellas como la Comunidad de un año más de los que establece la ley. El Ejecutivo entiende que en ese periodo los municipios podrán promover asociaciones voluntarias en mancomunidades y la Comunidad reestructurar sus servicios para asumir de forma adecuada las nuevas competencias fijadas en la ley.

En el anteproyecto se establece un plazo de tres meses para que mancomunidades y entidades locales menores presenten sus cuentas, la Junta, por «razones de justicia e igualdad», quiere que se amplíen los plazos y se equipare a los que se da a los entes del sector público. El Gobierno autonómico sostiene que «es impensable que ningún alcalde» de un municipio pequeño este dispuesto a que no se preste un servicio básico en su localidad por la titularidad de la competencia.