Consenso histórico en el Parlamento
Las Cortes cierran filas ante el Gobierno sobre la reforma local para que antes de que el Ejecutivo apruebe la ley, sea modificada y se amplíe el plazo de tres meses dado a las pedanías para sus cuentas .
Imagen de una de los cientos de pedanías con las que cuenta la provincia de León en estos momentos.
El último pleno de las Cortes de Castilla y León se cerró con la aprobación por parte de todos los grupos de dos acuerdos en los que cierran filas ante el Gobierno sobre la reforma local y el modelo farmacéutico y con otro que insta a la Federación Regional de Municipios y Provincias a eximir del impuesto de plusvalía a afectados en casos de dación en pago y ejecución presupuestaria. El consenso en tres de las cuatro proposiciones no de ley debatidas fue calificado de «histórico» por alguno de los procuradores, así como por la exigencia que se traslada al Ejecutivo de Rajoy.
El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local ya cuenta con una resolución mayoritaria de las Cortes de Castilla y León para que, antes de su aprobación por el Gobierno, se modifique y amplíe el plazo de tres meses que se da a las entidades locales menores para presentar sus cuentas antes de ser disueltas en caso de incumplir el precepto.
Este acuerdo, asentado en una proposición no de ley del Grupo Socialista, es el primero que une a todos los grupos en contra del texto presentado por el Gobierno central y se suma a las alegaciones criticas contra ese proyecto anunciadas ayer por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
PSOE, PP y Mixto respaldaron la personalidad jurídica de las entidades locales menores ante el riesgo de que puedan desaparecer por no poder cumplir con la ley.
Además se instó a la Junta a la aprobación «a la mayor brevedad posible» del decreto, como figura en la ley de Régimen Local de la Comunidad de 1998, para regular las funciones de los secretarios, como planteó y amplió el popular Crescencio Martín en el texto de la propuesta socialista.
De histórico calificó la socialista Mercedes Martín que el Grupo Popular presentara una proposición no de ley dirigida al Gobierno para mantener y mejorar el actual modelo farmacéutico vinculado a la titularidad y propiedad de las oficinas de farmacia. «Les felicito por su valor y coraje», afirmó la socialista que dio el apoyo a la misma, igual que José María González por parte del Grupo Mixto.
En nombre del Grupo Popular, defendió el texto el procurador por Salamanca Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de esa ciudad y secretario general del PP de Castilla y León.
«Es una proposición que habla de las personas, de los servicios en el mundo rural, de la cohesión social, de la vertebración y de mantener el empleo», afirmó. Fernández Mañueco proclamó la «bondad» de ese modelo de titularidad de las farmacias y rechazó la posible liberalización en una futura ley de Servicios Profesionales.
«Queremos que el Gobierno tenga en cuenta la bondad de este modelo», argumentó el popular, quien se centró en recordar las 1.633 oficina de farmacia.