Un aviso a Madrid

Al cabo de unas cuantas tentativas de imposición de la reforma local, los vicarios de doña Soraya en provincias tuvieron que encajar la mañana de San Juan de Sahagún, festivo en Salamanca y en la ciudad del Cea, la aprobación por unanimidad en las Cortes de Castilla y León de una proposición no de ley de iniciativa socialista instando la modificación del proyecto de Montoro. Hace ahora un año, el gobierno de Rajoy anunció su pretensión de reducir un tercio de los concejales, que pasarían de setenta y dos mil a poco más de cincuenta mil. La brasa de la rebaja venía de un informe de Faes, la factoría de ideas que capitanea Aznar. Sin atinar muy bien con la residencia de las duplicidades, que practican fuera de sus competencias todas las administraciones consolidadas, el primer objetivo fueron nuestras pedanías. Venían dispuestos a acabar con las Juntas Vecinales que administran los bienes comunes, sin otro gasto que algo de vino y escabeche para las hacenderas. De momento, nadie repara en lo esencial, que es el destino de ese patrimonio gestionado durante siglos por los vecinos. Los montes, las eras, la caza, los recursos naturales, los templos, las antiguas escuelas recicladas como consultorios o centros de reunión y convivencia. Pero no sólo eso. Los trabajos de mantenimiento en hacendera del sistema de regadíos, de los caminos y cunetas, de las sendas, el repaso de los tejados, la limpieza de los montes. ¿Qué saben de todo eso los proyectistas de Madrid? Los primeros anuncios de la reforma mostraron enseguida sus perfiles más grotescos. Poco a poco, sus predicadores fueron rebajando la poda de veinticinco mil a diez mil concejales, mientras también enfilaban a las mancomunidades.

Como sabe cualquiera que haya pisado alguna vez un pueblo, las mancomunidades se ocupan de prestar servicios básicos que los pequeños municipios no pueden atender. Desde la recogida de basura al abastecimiento de agua, por citar dos ejemplos. Y lo hacen en el marco de la cooperación entre municipios, en general sin dotarse de estructura administrativa. Los causantes de la gotera presupuestaria en el ámbito local son los mismos que acordaron el pasado verano con Rajoy esta reforma. Alcaldes de los grandes municipios, con Madrid a la cabeza, y presidentes de diputaciones que se reparten el gobierno de la Federación de Municipios y Provincias. En ese garito de presión se cobijan algunos de los más inquietos lebreles de la vice en Castilla y León. Por eso, les incomoda que desde aquí se enviaran unas alegaciones contundentes, a la vez que se oponía un proyecto de ley de Ordenación del Territorio acorde con las necesidades de nuestra estructura local.

Es evidente que la administración necesita reformas, pero sus prioridades nada tienen que ver con lo que se conoce de este proyecto, que embiste contra la base municipal, mientras consolida y refuerza las diputaciones. Y todo porque Rajoy empezó su carrera en la Diputación de Pontevedra. Quizá sea el destino fatal de los presidentes. Cuando el Aznar autonómico recaló en el gobierno de España, concedió de inmediato la prórroga indefinida al concierto vasco, convirtiendo en perpetua la excepción fiscal transitoria. Luego Zapatero, que dedicó su tesina a la autonomía de Castilla y León, encendió el brasero catalán, que no deja de crepitar.