Amenazados por desahucios toman a la vez oficinas en cuatro ciudades
Protesta coordinada en Aranda de Duero, Ponferrada, Burgos y Valladolid .
Algunas de las familias encerradas en la oficina de Caja España en Fuente Dorada despliegan una pancarta, ayer en Valladolid.
A las once de la mañana de ayer varias oficinas de Caja España de la Comunidad se vieron desbordadas. Eran clientes en busca de una respuesta, hasta ahora no hallada, a sus problemas. Familias en lucha para evitar que les echen de sus casas por no poder pagar las letras de sus hipotecas.
La plataforma Stop Desahucios 15-M organizó el primer encierro conjunto en diferentes puntos de Castilla y León para «exigir a la entidad que adopte una solución justa» a la situación de decenas de propietarios al borde de la desesperación por perder sus casas.
Esta acción, coordinada en varias provincias se llevó a cabo en Ponferrada, en Aranda de Duero (Burgos) y en la capital burgalesa. Los objetivos, los mismos: lograr reducciones de cuota hipotecaria, daciones en pago, alquileres sociales sobre la misma vivienda, eliminar la cláusulas abusivas y extinguir la deuda hipotecaria en los casos en los que ya se haya procedido a la subasta del inmueble.
«Estamos aquí para solicitar a Caja España que reciba a las familias. Después de un montón de escritos, siguen sin dar una respuesta», explicó uno de los integrantes de la plataforma Stop Desahucios 15-M Valladolid, Michael García. Y lo lograron.
Tras más de cuatro horas encerrados en la oficina de Caja España de Fuente Dorada, consiguieron una respuesta. La entidad financiera se comprometió a estudiar, caso por caso, los once dramas que ayer se presentaron en la céntrica sucursal. Once familias que luchan porque evitar que les echen de sus casas, amenazadas por inminentes lanzamientos judiciales.
La historia se ha vuelto a repetir en Valladolid. Tras la exitosa ‘toma’ llevada a cabo en el pasado mes de octubre –de los siete casos presentados encontraron solución dos–, la plataforma ha vuelto a seleccionar la oficina de Caja España de Fuente Dorada, una sucursal que no se ha elegido al azar. Además de albergar la dirección territorial, la entidad castellana y leonesa es, según los indignados, la primera de la Comunidad en número de desahucios.
Y allí dentro se encontraba María Concepción López. Debe dos mensualidades de la hipoteca. En breve la tercera y definitiva para recibir la orden de desahucio, a la que tampoco puede hacer frente porque tanto ella como su marido se encuentran sin trabajo. En total, cerca de 1.500 euros adeuda a Caja España. 1.500 euros que pueden dejarla sin casa.
«Mi hija se quiere quedar con el piso y he pedido que le pasen a ella la hipoteca y le alarguen los años de amortización, pero no quieren hacer eso», relata esta afectada. Así, ante esa negativa ha solicitado la dación en pago para saldar su deuda, en estos momentos de 105.000 euros. «La casa está tasada en 144.000 euros, que ahora no vale eso, y con lo que yo he amortizado, si aceptan la vivienda quedaríamos a pre», señala María Concepción López.
Junto a ella, Cristina de la Fuente, que acudió con su madre al encierro, su único sustento económico desde que se le acabase el paro. Sin ingreso alguno, no puede hacer frente a las letras de casi 800 euros que puntuales le llegan cada mes. Debe ya 6.000 euros a la entidad financiera.
«La hipoteca se lo ha comido todo, lo poco que podía tener, el paro, las ayudas de mi familia...», apunta, y acusa a la entidad de robarle: «Llevo un montón de tiempo pidiendo que me bajen la cláusula suelo que pago al 3,5%, lo que supone que mi letra sea de casi 800 euros en vez de 300», afirma De la Fuente.
Se siente impotente por no poder hacer nada, y más por haber metido a su hermano en este lío. «Compré la casa yo sola hace seis años pero me exigían a alguien más, la figura de un hombre, así que vino mi hermano conmigo para hacer presión y lo que me encuentro es que lo meten a él también de propietario», aclara.
Eugenio y Jesús Antonio Borjas son hermanos, ambos con familia numerosa y los dos se han encontrado con el mismo problema. Ante la imposibilidad de pagar las letras de sus hipotecas tras quedarse en paro, se acogieron al Real Decreto-Ley 27/2012 que establece una moratoria de dos años en la ejecución de los desahucios de vivienda habitual. Pese a contar con ese beneplácito hasta noviembre de 2014, la entidad financiera les reclama casi 40.000 euros en concepto de intereses. «Lo hemos perdido todo, el piso está subastado, es del banco, así que se haga cargo de esa deuda», reclaman.