Agredir a un profesor podrá implicar castigo penal desde el próximo curso
Aprobado el proyecto de ley que extiende el «blindaje» a la concertada-privada.
El consejero de Educación, Juan José Mateos, y el portavoz, De Santiago-Juárez, ayer.
Los profesores de Castilla y León gozarán del estatus de autoridad pública a partir del próximo curso. Este blindaje jurídico supone, en primer término, que su palabra prevalecerá frente a la del alumno en caso de conflicto y, en última instancia, que las agresiones que sufran podrán ser castigadas por vía penal.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Autoridad del Profesorado, compromiso de investidura del presidente Herrera, que llevaba dormido más de un año en el cajón.
El titular de Educación, Juan José Mateos, defendió que el proyecto legislativo «fomenta el respeto» a los docentes en el ejercicio de sus funciones y favorece un «clima de convivencia» en los centros, «señas de identidad» del modelo educativo de Castilla y León y una de las claves de su «calidad». El consejero se mostró confiado en que las Cortes puedan aprobar la ley por unanimidad «antes de finalizar 2013», es decir, con el inicio del nuevo curso.
Cuando la ley entre en vigor, si se produce un conflicto en el aula, la versión de los hechos que ofrezca el docente gozará de presunción de veracidad frente a la del alumno.
En caso de agresión, la Fiscalía podrá actuar de oficio sin necesidad de que medie denuncia del profesor y el castigo para quien cometa una agresión o intimidación grave podrá ser considerado «delito de atentado a la autoridad» y castigado con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses, de acuerdo con la tipificación del Código Penal.
El blindaje del profesorado mediante la condición de autoridad se hará extensivo a la enseñanza concertada-privada, por lo que amparará a un total de 37.533 docentes (de los que 28.347 pertenecen a la red pública). Sin embargo, la legislación sólo reconoce la condición de autoridad al funcionario público, por lo que sería la palabra del juez la que dictase sentencia en caso de que el conflicto afectase a un profesor de un centro privado.
Mateos incidió en que esta ley obedece a la intención de reforzar el papel social de los docentes y sus funciones, y no a resolver un problema de conflictividad en las aulas, que no es tal. «Los profesores tiene que sentirse apreciados por la Administración, por el centro educativo y por la sociedad (...)», señaló, para agregar que Castilla y León «no es agresiva».
En este punto, el consejero recordó los avances en materia de convivencia escolar impulsados por la Comunidad, como el Plan de Convivencia Escolar y el Observatorio creado con el mismo fin de forma «pionera» en España; el programa de asistencia jurídica al profesorado; o el decreto por el que se regulan derechos y deberes de los alumnos.
Prestigio social
El sindicato independiente Anpe de Castilla y León mostró ayer su satisfacción por la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que venía reclamando desde 2005, por lo que criticó también la «lentitud» de la Junta en su elaboración.
No obstante, Anpe consideró que, con esta normativa, «el profesorado recuperará el prestigio social que nunca debería haber perdido y beneficiará no sólo a los docentes, sino también a los alumnos y a las propias familias».
Por su parte, Stecyl ha sido siempre más crítico con esta ley, al alegar que no resuelve uno de los problemas principales de la convivencia escolar: la disrupción en el aula.