Herrera para en seco a la Justicia: «El Tribunal Superior se queda en Burgos
El presidente de la Junta afirma que no tiene intención de modificar la ley autonómica.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, garantiza la sede única del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en Burgos. La tajante afirmación de Herrera se produce sólo un día después del expresivo silencio del Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz Gallardón, quien aún no se ha dado oficialmente por enterado del frente social de oposición que ha generado en Burgos el proyec-to de reforma judicial. Herrera, que participó ayer en la clausura del curso ‘Prensa y po-der’ que se ha celebrado esta se-mana en el colegio ‘San Gabriel, en Aranda, endureció la postura discrepante que ha mantenido el Gobierno regional desde que surgió la polémica sobre la sede del Superior. El origen de esta controversia es el borrador de la nueva la Ley de Planta y Demarcación, que tal como adelantó este periódico en exclusiva, pretende reducir la juridicción del Tribunal con sede en Burgos y entregar la mayor parte de las nuevas competencias judiciales a la subsede de Valladolid. El presidente regional fue claro cuando afirmó que la sede del Alto Tribunal seguirá estando en Burgos, tal y como aprobaron el PP y PSOE, por consenso, en la Ley de 1987. Y es una postura que defendió «no como político burgalés, sino como el máximo responsable del Gobierno regional».
Ley válida
Del mismo modo, aseguró que esa ley sigue «siendo válida» e incidió en el «amplísimo consenso» que en su día generó. «No tenemos ninguna intención de modificar esa ley», apuntó, convencido de que la ubicación actual contribuye al equilibrio y la estabilidad de la Comunidad. Del mismo modo, Herrera destacó el trabajo «eficaz», que desarrolla el Tribunal Superior de Justicia a favor de los «derechos de los ciudadanos», desde la sede en Burgos y desde las tres salas de Burgos y las dos de Valladolid, sin olvidar el importante papel de las nueve audiencias provinciales. «La situación actual debe mantenerse», comentó. Sobre las audiencias Desde la Presidencia de la Junta también se discrepa sobre la supresión de las nueve audiencias provinciales, siendo también este asunto uno de los puntos calientes de la polémica en torno a un borrador que plantea la desaparición de estos organismos judiciales pa-ra sustituirlas por los tribunales de instancia. Una propuesta que, en opinión del presidente de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Carreras, «no tiene sentido», tal como publicaba ayer EL CORREO. En esta misma línea, desde el Ejecutivo regional se entiende que la vertebración de la Justicia y su cercanía con el administrado en un territorio tan amplio y disperso como el de Castilla y León hace aún más necesario el papel de las audiencias provinciales, al tratarse de la máximas representación en el ámbito provincial de la administración judicial. Las voces en defensa de Burgos como capital de la Justicia se siguen sumando. Los procuradores del PP por Burgos han mostrado su «firme apoyo» al mantenimiento del TSJCyL en Burgos.
Este grupo cameral se adhiere así al frente social e institucional que ha reunido a una veintena de entidades para reclamar al ministro Gallardón que haga oficial el desestimiento de la reforma judicial en lo referente al Superior y su sede. El primero en lanzar un pronunciamiento contrario fue, semanas atrás, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.