El juez exculpa a León de la Riva en el ‘caso PGOU’ e imputa a 10 personas
El auto revela delitos contra la ordenación territorial, prevaricación, falsedad y cohecho.
Dudas despejadas. Doce personas y cuatro empresas imputadas por las alteraciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 de Valladolid, en vía judicial desde el año 2008 por la modificación de 67 artículos y cinco planos para beneficiar, supuestamente, a promotores y empresas. Entre ellas, el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino; cinco funcionarios, cinco promotores y sus cuatro empresas constructoras.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid considera que en esas alteraciones del PGOU se han podido cometer delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influen-cias y negociación prohibida a funcionarios. El auto, que se dio a conocer ayer, excluye al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, que fue llamado a declarar hace justo un año, al considerar que «no se han encontrado indicios suficientes».
De esta manera, queda imputado sólo un político, el entonces edil de Urbanismo, José Antonio García de Coca. «Los demás concejales, aunque asistían a las comisiones, como no sabían lo que hacían, no tienen ninguna responsabilidad. El alcalde tampoco porque era el secretario el responsable de todo lo que hacía el regidor», explicó el letrado de la acusación, Carlos Castro, tras conocer el auto.
La lista la conforman, además, seis funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid: el secretario general, Valentín Merino; el director del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, José Luis Cerezo Bada; los técnicos municipales Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita; y los letrados del servicio jurídico del Consistorio, Luis Ángel Lavín y José Luis Barca, ya jubilado. Considera el juez Crespo que el secretario general «privó al pleno de controlar» los cambios del PGOU. Merino informó al alcalde de que «no había que dar cuenta del contenido de la documentación ni prestar conformidad alguna, sino simplemente votar la remisión a la Consejería de Fomento de todo el expediente».
El Juzgado de Instrucción número 1 incorpora como imputados también a cinco promotores: José Ángel Astorga, los hermanos José Luis y Javier González Torres, José Luis Mayordomo y Roberto Pastrana, además de a sus cuatro empresas constructoras: Vallenava Capitol, Progot, Capitol Promociones y Parkosa. El auto considera que se beneficiaron de las modificaciones del PGOU. Según el escrito, estos empresarios «se pusieron de acuerdo con García de Coca, de cara a obtener por la vía del articulado y planos, determinadas modificaciones, bien no previstas, bien rechazadas con anterioridad, ante solicitudes de actuación formuladas por esas empresas». Las claves de las irregularidades detectadas por el juez hacen referen-cia a que no se ha tramitado el cambio del PGOU mediante revisión del mismo; no se ha dado cuenta del texto único por el Pleno a todos los grupos, con tiempo para examen del texto antes de su remisión para pu-blicación, y la ausencia de requisito de control por la Consejería de Fomento del texto único, antes de su publicación.
El procedimiento de revisión o los controles señalados, según entiende Crespo, habrían podido evitar que apareciese en el Boletín Oficial de la Provincia un texto con planos distinto al que debió ser publicado. De esta manera, el auto deja claro que «el núcleo operativo dentro del Ayuntamiento estaba conformado por García de Coca y Álvarez Aller y Modesto Mezquita, ambos técnicos que acudían de ordinario, aunque no figuraban en las actas, a las reuniones de la Comisión de Urbanismo». Así, detalla el auto que el 13 de no-viembre de 2003, figuran manipulaciones informáticas sobre documen-tación y planos relativa al PGOU en los ordenadores del Ayuntamiento. «García de Coca, Álvarez Aller y Mezquita promovieron las modificaciones, sabedores del procedimiento futuro, esto es, que el texto y los planos resultantes no iban a ser examinados en el pleno y que el texto final iba a ser publicado sin más».
Avenida de Madrid. El promotor José Luis Mayordomo, en nombre de Vallenava Capitol, solicita la aprobación de estudio de detalle de cuatro parcelas en la avenida de Madrid, kilómetro 185. «Tras un trámite irregular, amparado por García de Coca, Álvarez Aller y Mezquita», se pasó de la posibilidad de construir nueve viviendas a 124.
Bajada de la libertad. El 24 de mayo de 2006, el TSJCyL comunica al Ayuntamiento la existencia de un recurso de la Junta contra el acuerdo del pleno del 14 de marzo de 2006, que permitía la descatalogación del edificio 15-17 de la calle Bajada de la Libertad. No consta comunicación al alcalde, ni al pleno ni a la Junta de Gobierno, «que pudiera haber dado lugar a la paralización de la demolición». El 28 de julio de 2006, la Junta de Gobierno concede licencia a Ralumbrais SL para derribar el inmueble. La sentencia salió el 18 de septiembre de 2007, declarando nulo el acuerdo. La resolución llegó tarde; ya se había demolido.
Arca real. El 5 de junio, José Ángel Astorga, en nombre de Parkosa, presenta un proyecto para construir un complejo residencial-asistencial para mayores en Arca Real, 54 en suelo industrial. Se trataba de una figura de apartamentos tutelados inexistente en la normativa de Castilla y León y la municipal. La edificación se consiguió llevar a cabo bajo la forma de «inmueble asistencial».
José María Lacort . El 12 de ene-ro de 2006, Cerezo Bada, propone la aprobación inicial del estudio de detalle del solar de la calle José María Lacort, en Cáritas, para construir un aparcamiento. El TSJCyL señala que el área era suelo urbano no consolidado, pero en los planos se cambió a consolidado por alteración.