Caja Duero pagó por el edificio de Valencia una insólita comisión de 360.000 euros
Lucas Hernández y José María de la Vega autorizaron el pago a la hija del propietario como intermediaria.
Entrada principal de la sede de Caja Duero en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
La escandalosa y ruinosa operación de la compra del edificio en Valencia, por el que Caja Duero pagó un sobrecoste de dos millones de euros, y que fue autorizada en junio de 2007 por el entonces director general Lucas Hernández y el actual director general del banco Ceiss y en ese momento director de la división de Desarrollo Corporativo, José María de la Vega, esconde además un hecho insólito: el pago de una comisión de 360.000 euros al propietario del local de la plaza del Ayuntamiento, actual sede de la entidad.
Esos 360.000 euros sirvieron para engordar hasta los 18,3 millones la cantidad que se abonó por la que hoy es sede de la entidad en la capital del Turia, frente a los 16,3 millones en los que fue tasada por la sociedad Tinsa y que fue ocultado a los miembros de la comisión ejecutiva.
Un desembolso del que se benefició la hija de los propietarios del inmueble, tal y como se constata en los dos informes jurídicos que se leyeron en el Consejo del banco Ceiss del pasado jueves, según trasladaron a DIARIO DE LEÓN fuentes de la dirección de la Caja en Salamanca, que tuvieron acceso a lo que en ese consejo se transmitió íntegramente a los consejeros y a los miembros de la comisión ejecutiva que estuvieron presentes.
El pago de esta comisión, que supone el 2% del montante total de la venta del edificio, los 18 millones de euros que la Caja pagó por él y no los 16,3 millones que fijó Tinsa costaba, es algo inaudito, a decir de fuentes del sector consultadas por este periódico. Unas fuentes que dejan bien claro que, en ningún caso, el comprador paga una comisión a nadie por una venta. A ese gasto a mayores, siempre según estas fuentes, tiene que hacer frente el vendedor, nunca quien compra. O lo que es lo mismo, esa comisión de 360.000 euros debería haberla abonado la sociedad Just Tres SL, que fue quien vendió el edificio, y no Caja Duero.
Delito penal
De hecho, los informes jurídicos, sobre todo uno de ellos, hablan ya de un presunto delito penal por la «improcedencia», en el pago de esta comisión de intermediación a la hija de los vendedores, que también fue autorizada por los miembros de la comisión ejecutiva, a instancias de Lucas Hernández y del departamento de José María de la Vega, que no hay que olvidar ambos están imputados, también, junto al ex presidente Julio Fermoso por el caso Nozar, que supuso que la Caja pagara un sobrecoste de 16,7 millones por el edificio Titán de Madrid a la constructora Nozar. Una vía penal que se vería tipificada, siempre según los informes, en un delito de «estafa agravada», a la vista del montante defraudado.
En esta ruinosa operación de compra de la hoy todavía sede de Caja Duero en Valencia no bastó con ocultar la tasación para pagar 1,7 millones más de lo que fijó Tinsa –16,3 millones– que costaba es edificio, sino que ese sobrecoste Lucas Hernández y el hoy director general banco Ceiss lo engordaron con los 360.000 euros de la comisión.
Todo ello, además, a espaldas de la comisión ejecutiva, a la que no se informó en ningún momento, según los informes jurídicos de los que tuvo conocimiento el consejo de Ceiss el pasado jueves, tal y como relatan a este periódico fuentes de la Junta y que vienen a demostrar la «negligente» actuación de los directivos de la entidad, Lucas Hernández y el departamento de Desarrollo Corporativo de Caja Duero, que dirigía José María de la Vega.