«La Nueva Oficina Judicial retrasa los asuntos de menores de 60 a 200 días»

La última Memoria de la Fiscalía de Castilla y León ha mostrado datos preocupantes en el apartado de menores: la perpetuación de infracciones como agresiones a padres o la aparición de otras nuevas como estafas informáticas. A esto se suma que los fiscales reclaman medios para atender a jóvenes con trastornos y adicciones. Aparece, también, el dato positivo de que aumentan los acuerdos extrajudiciales. El coordinador regional de los fiscales de Menores, Avelino Fierro (León, 1956), analiza estas cuestiones desde la fiscalía de León donde trabaja.

—La Memoria Fiscal refleja más acuerdos extrajudiciales. ¿Hay ahora mejor predisposición por parte de infractores, víctimas y jueces a la hora de pactar?

—Ahora se ha puesto de moda la mediación, pero en las fiscalías de Menores ha sido siempre algo habitual. Estos acuerdos tienen indudables ventajas: en ellos es frecuente un ‘cara a cara’ entre víctima y menor infractor muy satisfactorio y educativo para ambos y se eliminan trámites y costes posteriores. Sobre todo, es rápido y aún más si el asunto no pasa por esa Nueva Oficina Judicial que el Ministerio ensaya ahora en Burgos y León para implantar luego en todas partes.

—¿A qué se refiere?

—Muy sencillo, en Menores instruye el fiscal y no el juez. Nosotros investigamos y tramitamos hasta concluir el expediente: declaraciones de menores infractores, testigos y víctimas; peritamos y mandamos a los menores al equipo técnico. Cuando pensamos que el expediente está completo podemos llegar a esos acuerdos extrajudiciales y no ir a juicio (audiencia en el caso de menores). Hasta ahí todo va muy rápido. Pero, si no hay acuerdo o archivo y hacemos un escrito de alegaciones (el escrito de acusación en menores) ahora remitimos el expediente, no directamente al Juzgado como, sino a la Nueva Oficina Judicial.

—¿Y qué sucede?

—Ahí los trámites se dilatan tanto que nos ponemos casi a la cola de las fiscalías. Creo recordar que nuestra investigación y conclusión de los expedientes promediaba unos 60 días y cuando interviene la NOJ es de unos 200 días. Esto es muy grave. Para mí unos de los principios básicos de la Justicia de menores es el de celeridad. No podemos consentir la tardanza en la intervención porque los críos se hacen mayores y, mientras, no hemos conseguido nada.

—Parece entreverse en los fiscales mayor preocupación por las agresiones de los menores en el ámbito familiar... Llama la atención que señalen que esos jóvenes no pertenezcan, precisamente, a familias marginales.

—Podemos decir que este tipo de infracción se ha estabilizado. Pero los números son altos. Es preocupante. Ya en la eclosión de estos casos en 2005 nos preguntábamos si era una consecuencia lógica de la reforma del Código Penal que empezaba a regular esos delitos o si se evidenciaba una ausencia de patrones de conducta adecuados en el núcleo familiar. Hay causas como los malos ejemplos de los mayores de edad, la cultura no moderadora, la falta de control de los grupos primarios y de los medios de comunicación. Y remedios como volver a la educación y a la autoridad e insistir en la prevención. Además, claro está, de la intervención de las fiscalías de Menores que tratamos con carácter preferente y urgente esas denuncias.Y sí, es cierto, estos menores infractores no pertenecen en su mayoría a familias marginales. Además, las chicas agresoras ya se igualan en número a los chicos.

—La Memoria denuncia, también, la falta de medios para reconducir a los menores. ¿Qué opina?

—Un ejemplo: una buena medida que se impone, porque da muy buen resultado en las agresiones de menores a padres y ascendientes, es la llamada ‘convivencia con grupo educativo’. Sé, por compañeros de otras fiscalías, que es un recurso muy deficitario o inexistente en algunas provincias. Por otra parte, para las medidas de internamiento sólo hay un centro, en Valladolid. Se ha construido uno muy recientemente en León, con cerca de 50 plazas, pero me han llegado noticias de que, de momento, no va a funcionar.

—Más grave parece la queja sobre la ausencia de medios para tratar a jóvenes con trastorno psiquiátricos o de adicción.

—En efecto. La deficiente atención a estos menores es motivo recurrente de denuncia por parte de las fiscalías de Menores y de otras instituciones, como el Defensor del Pueblo. La falta de centros y recursos sanitarios específicos, bien sea para tratamiento de trastornos mentales o psicológicos, de problemas de conducta en el ámbito de protección, para la ejecución de medidas de tratamiento ambulatorio o internamiento terapéutico, es uno de los problemas más acuciantes de la intervención con menores.

—Un tipo de infracción que aparece como nueva es la de delitos informáticos como el de la estafa.

—Las estafas informáticas perpetradas por menores diré que no son relevantes por las consecuencias (económicas o dañosas), aunque siempre hay algunos jovencitos, hackers , que nos sorprenden. Lo habitual, ya digo, es insultar o amenazar por email, leer sin permiso mensajes ajenos, ridiculizar o vejar en una página web, usar la identidad de otro en Messenger... También es una moda grabar las peleas o vejaciones con el móvil y subirlo después. En fin, los menores tienen acceso a demasiados soportes con la complacencia de los adultos. Un consejo a los padres y educadores: un ordenador no es garantía ninguna de aprendizaje.

—Hay delitos en los que intervienen mayores y menores de edad. ¿Es mera casualidad o hay bandas organizadas como detalla en su caso el fiscal de Segovia?

—Puede que los mayores utilicen a los menores para delinquir. Yo he sido muy contrario, basándome también en argumentos jurídicos, a la entrevista reservada del abogado con el menor antes de declarar. Cuando en un asunto de cierta gravedad hay mayores y menores y viene el abogado, nombrado ‘por la banda’, a entrevistarse reservadamente, te hace sospechar que puede tratar de que el menor asuma cierta culpabilidad o responsabilidad para exonerar a los mayores.