Las administraciones asumen el 77% de las resoluciones de 2012 del Procurador del Común

Las administraciones públicas han aceptado el 77 por ciento de las resoluciones del Procurador del Común en las que estimó actuación irregular, según explicó el defensor de los ciudadanos de la Comunidad, Javier Amoedo, en la presentación del informe de 2012 ante el pleno de las Cortes.

De las 892 resoluciones dictadas por el Procurador del Común, un total de 401 se dirigió a la Administración autonómica y 491 a la local. De las formuladas a la Junta, 202 se archivaron por ausencia de irregularidad y en 199 se emitieron sugerencias por estimar actuación irregular, de las que todas fueron contestadas, pero se aceptaron 156 y 43 no. En el caso de la Administración Local, se archivaron 157 y se formularon 334 resoluciones, de las que se contestaron 283, se aceptaron 216 y no se asumieron 67.

«La colaboración de las administraciones es aceptable, pero se producen archivos por expedientes sin dictar la resolución por no haberse recibido la información solicitada o sin conocer si se acepta o no la dictada», advirtió Amoedo, en la exposición del informe de 2012, el que más quejas ha recibido en la historia de la institución, con 4.264 (1.853 más que el año anterior), que se eleva porque muchas se han presentado por colectivos y varios firmantes. Además, el Procurador del Común ha incoado 39 expedientes de oficio.

Amoedo detalló algunas de las actuaciones, por materias, a las que se ha prestado atención. El Procurador del Común se detuvo en el apartado de vivienda con siete resoluciones, una de ellas relativa a las ayudas a la compra de vivienda joven para pedir que las solicitudes se resuelvan expresamente y que, en el caso de que se desestimen por falta de crédito, se informe a los afectados.

Por una actuación de oficio, el Procurador sugirió 25 medidas como que las personas o familias afectadas por un desahucio tengan la consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública; determinar un precio de alquiler protegido que garantice el acceso como arrendatarios a aquellos con más problemas y que las familias en riesgo de desahucio puedan acceder a una vivienda de protección pública vacante.

Aunque Castilla y León ha obtenido una puntuación del 9,2 en materia de dependencia por la asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales, el Procurador del Común afirmó que «no podemos dejar de poner de manifiesto que en el año 2012 se ha elevado considerablemente el número de quejas». También, a la Consejería de Familia recomendó que agilice los expedientes de la renta garantizada de ciudadanía.

También solicitó el Procurador una atención específica y una estrategia diferenciada dirigida a la prevención y promoción de la enfermedad mental en jóvenes y menores. En el ámbito de la sanidad, tras la reapertura de las urgencias nocturnas, recomendó la necesidad de incorporar un catalogo del llamado ‘diagnóstico genético preimplantacional’, una de las enfermedades raras, ya que no se encuentra recogida en el listado que maneja el Hospital Clínico de Valladolid .

Otra de las recomendaciones a Sanidad fue la reducción de la lista de espera en el servicio de odontología a menores con discapacidad mental y la posibilidad de crear una unidad especializada, aunque afirmó que sólo se aceptó la primera parte.

Medidas de apoyo técnico y financiero urgente solicitó, en otras de las resoluciones, para que se garantice la prestación de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en municipios menores de 20.000 habitantes en lo relativo a incendios urbanos.