La Junta ha atendido a 1.200 personas en riesgo de desahucio
Marcos insiste en que se acuda al servicio antes de los . pleitos.
Milagros Marcos y José Luis Concepción, con los decanos de las audiencias provinciales.
El programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio ha atendido a más de 1.200 personas desde junio en la Comunidad autónoma, ya sea en una de las 30 oficinas que la Junta puso en marcha o bien a través del teléfono 012. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, destacó este tipo de servicios porque recordó que es mucho más sencillo adoptar medidas con carácter previo, sin necesidad de llegar al tercer impago y, en todo caso, antes de que el asunto acabe en los juzgados. Es una problemática latente en Castilla y León porque el año pasado hubo más de 2.000 casos de desahucios, una cifra muy inferior a otras regiones de España.
Colaboración
Marcos pidió la implicación de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en las fases preventivas, cuando el afectado empieza a tener problemas para pagar su alquiler o hipoteca, y no solo en la última parte del proceso. De ahí, la jornada de trabajo celebrada ayer en Valladolid entre la consejera de Familia y el presidente del TSJ, José Luis Concepción, y varios presidentes de las Audiencias Provinciales. La reunión sirvió para comprobar el funcionamiento en estos primeros meses de aplicación del protocolo, firmado en junio, e intercambiar información, sobre todo de cara a a que los Servicios Sociales de la Junta puedan prever este tipo de situaciones, pero también para crear una comisión de seguimiento para que las acciones definidas tengan su efectividad.
Concepción se felicitó por el «nuevo paso» en el empeño común que tienen la Junta y el TSJ para la protección de las familias en situación de desamparo, afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria. La consejera se refirió tanto a los asuntos que ya están en los juzgados y que puedan requerir la intervención de los Servicios Sociales pero también a las situaciones en que los jueces requieren conocer la problemática social de las familias que tienen su vivienda en riesgo de desahucio. Se trata de una información muy valiosa porque, tal y como dijo el presidente del TSJ, la reforma de la Ley Hipotecaria permite la suspensión del procedimiento hipotecaria en los supuestos en que concurran determinadas circunstancias. Entre los que estarían, las situaciones de vulnerabilidad de las familias, aseveró la consejera.
La petición de un informe, por parte del juez a los Servicios Sociales, tiene como objetivo conocer la información «veraz y actualizada» y así disponer de mayores garantías de protección, a la hora de paralizar procedimientos de ejecución hipotecaria. La consejera recordó que la Junta se compromete que en el plazo de diez días a aportar al sistema judicial la problemática de cada familia, gracias a la colaboración de los trabajadores sociales de las corporaciones locales.