Un registro público para garantizar el control y la vigilancia
Si Castilla y León quiere ejercer sus competencias en materia industrial debe tener la información suficiente de los establecimientos, instalaciones, empresas, organismos de control y en general de todos los implicados en el sector.
«Los datos contenidos en él permitirán a la Administración ejercer con conocimiento de causa, y por tanto con mayor efectividad, sus funciones de control y vigilancia sobre actividades e instalaciones industriales, así como la de promoción de la actividad industrial», destaca el anteproyecto en la exposición de motivos.
Este registro, que estará adscrito a la Consejería de Economía, será público con la excepción de las industrias de fabricación de armas y explosivos, «así como las que se declaren de interés para la defensa nacional». No obstante, «las empresas podrán solicitar que determinada información sea considerada confidencial y amparada por el secreto comercial e industrial».
La incorporación de datos al registro industrial se realizará de oficio, a partir de la información contenida en las autorizaciones, comunicaciones o «declaraciones responsables, así como de aquellos otros que obtenga la Administración en el ejercicio de sus potestades».
No obstante, los titulares de los establecimientos o instalaciones están obligados a comunicar al registro «las ampliaciones o modificaciones sustanciales» que introduzcan, su traslado y su cese.