Las Cortes debaten mañana las enmiendas de la oposición a las cuentas de la Junta

El pleno de las Cortes debatirá mañana las enmiendas a la totalidad de la oposición parlamentaria -grupos Socialista y Mixto- a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2014 con los argumentos de que no contribuyen a la recuperación ni a la creación de empleo, devalúan los servicios públicos y conceden un “enorme peso” a la deuda sin afrontar un incremento de los ingresos, que plantean a través de un modelo alternativo fiscal con el que proponen una recaudación extra de de entre 300 y 580 millones de euros.

La mayoría absoluta del PP tumbará las propuestas de la oposición en un pleno, que se abrirá, como es habitual, con la presentación de las cuentas por parte de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Los presupuestos crecen por primera vez en cuatro años, un 5,02 por ciento, pero se trata de un “incremento puramente financiero” para la reposición de las amortizaciones de la deuda, como explicó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el día de su aprobación.

Las cuentas se asientan en un escenario económico de crecimiento del PIB del 0,7 por ciento, igual al previsto por el Gobierno para el conjunto de España, y una estimación de paro del 21,5 por ciento, lo que supone, según la consejera de Hacienda, una estabilización y el final de la destrucción de empleo. Las consejerías dispondrán de un gasto de 7.313 millones, del conjunto de 9.957 millones de los presupuestos, de los que el 80 por ciento se mantiene en las sociales, sanidad, educación y servicios sociales.

Modelo fiscal

En sus enmiendas, el Grupo Socialista e IU recogen el modelo fiscal alternativo que pasa por que paguen más las rentas más elevadas, de ahí que coincidan en pedir un aumento en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio, y por destinar la recaudación extra a los servicios sociales y la inversión. Ambas formaciones, piden la retirada del llamado 'centimazo', que grava los hidrocarburos (4,5 céntimos de euro) para financiar la sanidad. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha respondido que no tocará el IRPF porque sus ingresos son necesarios para atender los servicios esenciales.

Desde la “preocupación social”, José María González (IU) aseguró que las cuentas de la Junta “no se ajustan a la realidad” de la Comunidad y no servirán para “cortar la hemorragia” del paro ni para evitar la pérdida de población. Además, consideró que se devalúan los servicios públicos al consolidar los recortes, que "empobrecerán" más los ciudadanos, tanto los que no tienen trabajo como los que lo tienen, al ganar menos y no recuperarse el consumo.

"Son unos presupuestos antisociales y atados a un modelo económico insostenible, que acentuarán la rápida pérdida de capital humano y de perspectivas de futuro", valoró el dirigente de IU, que expresó su "absoluto desacuerdo" con que se priorice el "santo cumplimiento del déficit" impuesto por el Gobierno y la troika europea.

González apeló a la corresponsabilidad fiscal y planteó su propuesta fiscal con ingresos a mayores de 580 millones de euros, con el aumento del IRPF e Impuesto de Patrimonio a las rentas a partir de 55.000 euros anuales, la totalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la eliminación de subvenciones y todo ello sin el impuesto de hidrocarburos conocido como céntimo sanitario .

Nuevos tributos

En la misma línea, el Grupo Socialista considera que se pueden obtener al menos 300 millones extra con una progresividad fiscal que pasa por tocar el IRPF y Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las rentas más altas. Además, plantea dos nuevos tributos: uno a las grandes superficies y otro a los depósitos bancarios, así como la eliminación del céntimo sanitario, calificado de “error” por la viceportavoz del grupo, Ana Redondo, que subrayó que se han dejado de recaudar 102 millones de euros.

“No son los presupuestos que necesita Castilla y León para la recuperación económica y la creación de empleo”, destacó Redondo en la presentación de las enmiendas a la totalidad de su grupo a las leyes de presupuestos y medidas. La viceportavoz socialista unió a la falta de actividad económica el “desmantelamiento” de lo público, en sanidad o educación, y los nuevos copagos a enfermos, mientras consideró que “socializan” la deuda. “El Grupo Socialista se veía en la obligación ética y moral de presentar una alternativa”, defendió.

En esa alternativa, se reequilibra las políticas del PP tanto en el plano de los derechos de las personas como de la cohesión territorial, explicó la viceportavoz socialista, convencida de que con las cuentas presentadas por la Junta se evidencia el desequilibrio entre quienes tienes y quienes no, entre lo público y lo privado y entre los grandes y los pequeños, decantándose por quienes tienen más, por lo privado y por los grandes.

La enmienda de la oposición socialista apuesta por la igualdad, el reequilibrio, la cohesión territorial, el crecimiento y la creación de empleo, resumió Redondo, que censuró las medidas adoptadas en el recorte de servicios públicos y apuntó a la “guinda” en la sanidad pública si se elimina la unidad de suficiencia cardíaca del Hospital Clínico de Valladolid.

Además, en su enmienda a la ley de medidas se centran en la reestructuración del sector público , donde entienden que no se cumple el acuerdo con la Junta de octubre de 2012. “Se hace de tapadillo y al margen de los grupos de las Cortes y de los agentes sociales”, denunció Redondo, que defendió las reformas en ese campo pero desde la transparencia y eficacia, idea en la que indició también el procurador de UPL, Alejandro Valderas.

Para el parlamentario leonesista, que firma las enmiendas a la totalidad con IU, los presupuestos se dedican a pagar la deuda y a mantener la infraestructura de la Junta en las provincias. “La prioridad es el pago de la deuda, había facturas escondidas”, señaló, para calificar las cuentas iguales a las de años anteriores y tomó como ejemplo la partida de 13 millones de Fomento y Medio Ambiente para el pago de extra a los agentes ambientales. “Es un cálculo a bulto, sin valorar si suben las guardias”, afirmó.