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Cecale admite su «extrema debilidad» y su «deficiente» defensa del empresario

Reconoce en el Plan de Viabilidad que ha sido desplazada por las cámaras.

Santiago Aparicio, en una imagen de archivo.

Publicado por
J. LUIS F. DEL CORRAL | Valladolid
León

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La junta directiva de la patronal regional hará hoy su penúltimo intento para aprobar el plan de viabilidad, un plan necesario para «resolver su extremada debilidad institucional» y para abordar su «profunda dificultad económica», según recoge el documento al que ha tenido acceso este periódico. Esa patente debilidad obedece a «una deficiente representación de los intereses de los empresarios de la región», que ha provocado que instituciones como las Cámaras de Comercio, Empresa Familiar o algunos cluster «hayan desplazado» a la Confederación «como el único y verdadero referente de los empresarios» de la Comunidad y vayan «paulatinamente ocupando ese espacio».

El plan que hoy vuelve a abordar la junta directiva parte de un diagnóstico demoledor sobre su retroceso como interlocutor autonómico y un reconocimiento sin paliativos «al sobresaliente déficit» que llevó a Cecale a estar al borde de la quiebra.

Tres son las diferencias principales que enfrentan a tres organizaciones territoriales (Ávila, Palencia, Segovia) con el bloque mayoritario que lidera Santiago Aparicio, secundado por el principal crítico con la etapa anterior, el salmantino Juan Antonio Martín Mesonero: la auditoría externa de gestión que debe juzgar la ‘época de Jesús Terciado’ (2004-2013), el menor peso político de las sectoriales y su configuración, y la deuda cercana a 1,7 millones. La mayor resistencia al acuerdo tiene que ver con el ajuste de cuentas con la Presidencia de Jesús Terciado.

El equipo de Aparicio ha configurado un documento crítico y autocrítico con el presente y el pasado, en el que aborda «el confuso entramado organizativo», se propone actuar con el principio del equilibrio permanente entre ingresos y gastos, y pretende adaptar el coste de Cecale al volumen de las subvenciones públicas que reciba.

Cecale quiere ser una organización predominantemente territorial, tanto en término políticos como en el reparto de las subvenciones. No quiere compartir más poder con las sectoriales, pero sí aumentar la participación de éstas en las comisiones especializadas.

No obstante, el plan elimina la posibilidad de que una sola provincia vete la integración en Cecale de una sectorial, como sucede ahora. Será necesario, si prospera el documento en su borrador actual, que cuatro provincias lo impidan.

El plan sujeto a debate establece un nuevo sistema de cuotas para las sectoriales: 600 euros como obligatoria a cambio de una vocalía en la asamblea. Podrán tener vocalías adicionales con cuotas adicionales y mediante carta de servicios de pago. Eso sí, las sectoriales nunca podrán alcanzar más del 25% del poder de Cecale.

Como prueba de austeridad, el plan de Cecale elimina los siete consejos sectoriales (construcción, hostelería, transportes, agroalimentación, sociedad de la información, metal y servicios sociales), simplifica los órganos de gobierno eliminando el comité ejecutivo y el consejo sectorial general, así como el consejo asesor empresarial. Para conseguir su objetivo de convertirse en un verdadero lobby, la patronal autonómica creará tres comisiones internas (laboral, económica e internacional). Además, da cobertura estatutaria a la comisión de secretarios, a los que considera sus auténticos asesores.

La Confederación quiere dar un giro al «desproporcionado desequilibrio en la concesión de las subvenciones» del Diálogo Social. Exige paridad y estima que los sindicatos tienen el control del 71,5% y ellos el 29,5% y propone que Cecale gestiones todas las que son de ámbito autonómico.

El documento del equipo de Aparicio es contundente respecto al reparto de las subvenciones públicas: «Es preciso proceder al análisis riguroso de la distribución de los fondos bajo sospecha, los criterios con que se adjudicaron, si hubo o no alteración unilateral». El plan es concluyente al respecto: urge un pacto unánime y definitivo y que las territoriales afectadas renuncien a sus reclamaciones.