El juez no ve indicios de falsedad en las actas denunciadas de Caja Segovia

Diecisiete personas, todos miembros asistentes al consejo de administración que decidió hipotecar, entre otros bienes, el emblemático Torreón de Lozoya, propiedad de Caja Segovia durante un siglo, para pagar una deuda hipotecaria de una sociedad asturiana, tendrán que declarar en el Juzgado número 5 de la capital segoviana, como imputados por un presunto delito societario. La cita judicial convoca, a las nueve de la mañana del próximo 5 de febrero, por orden de mención en el auto judicial, y previendo un tiempo de 30 minutos para cada uno de ellos, al director general de Caja Segovia, Fernando Tapias, y a su presidente, Atilano Soto, que dirigió el consejo de administración en el que se acordó presentar el edificio histórico, conocido como Torreón de la plaza de San Martín, como garantía hipotecaria de una deuda de 6.864.611 euros, adquirida por la sociedad inmobiliaria Navicoas, participada por Caja Segovia al 50%, que operaba en Asturias, fundamentalmente en el sur de Gijón. Según el auto judicial, al que ha tenido acceso DIARIO DE CASTILLA Y LEON / EL MUNDO, todos los miembros del consejo de administración deberán prestar declaración por su asistencia a aquel consejo del 17 de julio de 2012. El proceso judicial que imputa a los diecisiete consejeros fue abierto a instancias de una denuncia presentada por diez de ellos que, en su denuncia argumentaron posteriormente al consejo de administración, no estar de acuerdo con las actas. «Contienen información que no se ajusta a la facilitada por el consejo rector y acuerdos que no se adoptaron y que, sin embargo, son los que sirvieron de base para el otorgamiento de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria», señalaban aludiendo a la posible falsedad del documento. Aquella denuncia venía a reconocer que al menos estos diez consejeros no autorizaban la hipoteca de los bienes de Caja Segovia, entre ellos el Torreón y se sentían engañados. El auto judicial señala sin embargo, que «no se aprecia falsedad alguna en el contenido de las actas aportadas».

El auto, firmado por el magistrado titular del juzgado de instrucción número 5, hace constar que «una grabación auditiva de la reunión del consejo de administración no difiere en lo esencial de lo tratado y acordado, aunque no se trate de una transcripción literal». «Se llega a la conclusión de que los consejeros conocían los términos y los motivos por los que Caja Segovia se hacia responsable de la deuda tributaria dirigida contra Navicoas y acordaron solicitar el préstamo con garantía hipotecaria para hacer frente a la deuda», subraya el auto.