Corte y confección

En esto de las reformas que se anuncian y pregonan machaconamente, al final siempre ocurre que llega el día de rendir cuentas. Y ahí está ya la mudanza local. ¿A qué cuento? El gobierno de España, cuando vio que el agua le llegaba al cuello, mandó sucesivos recados de súplica a Bruselas, donde todos los sacrificios parecían poco, hasta que nos dejaron seguir flotando otro rato. Pero como quien presta luego exige, aquellos alegres aprietos se van convirtiendo en compromisos de obligado cumplimiento. Y quienes entonces jaleaban la capacidad de arreglo, ahora escurren el bulto y ponen cara de no saber nada del degüello. Pasó con la factura de la farmacia hospitalaria, donde el desacuerdo acabará en los tribunales de justicia, y viene ocurriendo con la reforma administrativa, aunque en este caso la amplitud del batacazo ha permitido disimular mirando cada cual a su vecino. Pero tampoco va a concluir mejor.

Sobre todo, en lo que afecta al patrimonio comunal de los pueblos, que es donde hay algo de chicha para cumplir el importe del recado a Bruselas: ocho mil millones de recorte, como la deuda olímpica de Madrid. A fin de ir dando ejemplo, la administración central suprime medio centenar de garitos insignificantes de todo el ampuloso ramaje crecido alrededor de sus ministerios, donde se mantiene casi medio millar más. También pone a la venta quince mil propiedades de toda laya, la mayor parte infumables, a la vez que gasta cantidades millonarias en nuevas sedes ostentosas, como la de la Agencia Tributaria en Valladolid. Es lo que hay. No vale ubicar dependencias administrativas en edificios propios vacíos y sometidos a un proceso de deterioro creciente, sino que se tira de presupuesto para competir en despliegue con las vecinas Cortes. En casos así, se justifica el alarde diciendo que el objetivo no es únicamente el ahorro, sino racionalizar los servicios. Luego se maneja el adorno de evitar duplicidades.

El ahorro es un encargo que se traspasa a los demás, que pueden hacer caso o repetir la jugada, amagando sin podar absolutamente nada. De momento, el proceso llegó este martes al parlamento de Castilla y León y se sustanciará los próximos lunes y miércoles en el Senado y en el Congreso. A lo largo de estos meses han menudeado los encuentros, las tentativas de aproximación y sobre todo las declaraciones. El gobierno de Castilla y León tomó la delantera en el proceso, aprobando su propia ley de Ordenación del Territorio, con respaldo de los grupos mayoritarios, presentando alegaciones de Comunidad al proyecto de Reforma local y anunciando en sede parlamentaria la reforma y adelgazamiento de su propia administración, trámite inmediato en el que va a contar con la participación de los demás grupos.

A la vista del escenario general de reformas y mudanzas, hay que reconocer que Castilla y León ha contado en su diseño y ejecución con un timonel, el consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez, al que no distraen los ruidos ni marean las tormentas. Ni las propias, ni las ajenas, que de todo ha habido en estos meses. Lo más preocupante es el traje que les pueden hacer a nuestros pueblos en el trajín del Senado al Congreso. De momento, tenemos la advertencia severa y fundada del profesor González Antón, que desde luego no logra paliar el seguidismo pastueño de los parlamentarios locales. A cada cual su crédito.