El PP da margen a acordar la reforma de la administración tras un portazo

Si por la votación de las propuestas de resolución fuera, se diría que la reforma de la administración autonómica contaría sólo con el respaldo del grupo que sustenta al Gobierno. Ayer, de las 29 sometidas al dictamen de las Cortes, sólo 11 —las 10 del PP y una del Mixto— salieron adelante.

Pero los socialistas volvieron a pedir más tiempo para intentar el consenso, y los populares accedieron. Así, con el beneplácito del Mixto, las fuerzas parlamentarias acordaron constituir un grupo de trabajo para estudiar iniciativas que puedan incorporarse al proyecto de ley donde la Junta consagrará su reforma interna.

José Francisco Martín volvió a intervenir en el debate en nombre del PSOE. Primero lamentó que, pese a la voluntad de consenso manifestada la víspera por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al exponer las líneas de la reforma, «nadie» contactara con su grupo en las horas previas a que venciera el plazo para registrar las propuestas de resolución.

Dando por hecho que el PP no aceptaría sus iniciativas, y tras criticar por «etéreas» la mayoría de las presentadas por el grupo mayoritario, lanzó de nuevo el guante a pactar una moción conjunta antes del viernes, como fórmula para crear un grupo de trabajo y abrir margen al acuerdo. El popular Juan José Sanz Vitorio lo recogió, y se ofreció incluso a posponer el plazo para la moción.

A lo que José Francisco Martín no obtuvo respuesta fue a su petición de que el pacto se abra al Diálogo Social y a los representantes de los trabajadores de la Función Pública, como «receptores y ejecutores de la ley».

Seis de las 10 propuestas planteadas por el PP contaron con el voto positivo de la oposición. En ellas, los populares instan a la Junta a someter su reforma al dictamen ciudadano a través de la web de Gobierno Abierto; a publicar en la web los acuerdos de órganos colegiados que afecten a múltiples destinatarios; a promover el consenso en torno a la Ley de Transparencia; o a mejorar la coordinación en la atención a inmigrantes y víctimas del terrorismo.

Esta última la criticó el PSOE por entenderla fuera del contexto del debate: «¡No sé qué pinta!», dijo gráficamente Martín. Y el portavoz del Mixto: «No aparecen las víctimas del franquismo. No está mal, pero es escasa», agregó José María González.

El Grupo Socialista recibió el apoyo del Mixto a sus 10 propuestas, aunque ninguna prosperó. En materia de Función Pública, propuso la elaboración de un «libro blanco» como «único inicio razonable» para cualquier modificación en las condiciones y organización de la plantilla de 86.000 empleados públicos, así como la publicación «urgente y actualizada» de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) vigentes.

También reclamó la convocatoria de un concurso general de traslados «abierto y permanente»; la limitación de las libres designaciones en los escalafones más altos y la supresión de las gratificaciones o bufandas .

En línea con lo planteado por el grupo Mixto, el PSOE reclamó la creación de una Comisión específica en las Cortes para controlar los entes del sector público. Y exigió también «escrupuloso respeto» a las funciones del Parlamento, mediante una actuación «transparente con los derechos que corresponden a los procuradores».

El Grupo Mixto (IU y UPL) pidió la elaboración de un plan de reagrupamiento de los entes de la Administración autonómica y la información a la Cámara sobre el censo de vehículos oficiales.