Cae una red de 21 personas dedicadas al robo en el campo que cometió 170 delitos
Su base estaba en la provincia de Valladolid pero llegaban a Ávila, Palencia, Madrid y San Sebastián. Salpica al exalcalde de Aldeamayor, José Luis Sanz Ferrero, y a una concejala de Unidad Regionalista.
Tirar del hilo del cobre robado hasta desenmarañar toda infraestructura criminal y económica después de los asaltos que asolan explotaciones agrícolas y viviendas en el medio rural. Esta es la trascendencia de la ‘Operación Brizonazo’ presentada ayer por la Guardia Civil. En ella ha detenido a 17 personas e imputado a otras cuatro como autores de 170 delitos contra el patrimonio y contra la integridad personal, utilizando la violencia para coaccionar a posibles denunciantes por lo menos en once ocasiones.
La banda desmantelada estaba formada por 14 rumanos y 7 españoles, aunque el núcleo duro lo componían 8 personas. Tenía como base de operaciones Aldeamayor de San Martín. En concreto, el polígono industrial El Brizo —de ahí el nombre de la operación— con tres naves que, junto a ocho domicilios, fueron batidas por los agentes de la Benemérita en una espectacular redada el pasado viernes, tal como adelantó este periódico.
La Guardia Civil habilitó ayer una de sus dependencias para mostrar lo hallado en poder de la red. Una pequeña parte de 50 toneladas de chatarra y cobre; oro y conductores extraídos de material informático que son caros y preciados; herramientas y material de riego robado de explotaciones agroganaderas; material de todo tipo fruto del robo en viviendas; armas cortas, blancas y escopetas de gran alcance con silenciador; un pequeño alijo de sustancias estupefacientes (hachís y cocaína) y ocho vehículos, algunos de alta gama a los que se sumará una embarcación.
Pero «el gran éxito» ha sido seguir el dinero y rastrear inmuebles pertenecientes de la red en Rumania. «Una gran operación», aseguró ayer el delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, que, a su juicio, debe unirse a otro éxitos de las últimas semanas como el hallazgo de un laboratorio de heroína y la captura de la ‘banda del acetileno’: «Hoy (por ayer) el éxito corresponde a la Guardia Civil», señalo Medrano. Estuvo acompañado en su visita a la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid por el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, en «un día de satisfacción».
Porque en la ‘Operación Brizonazo’ no sólo caen los delincuentes que hacen el trabajo de campo. También le toca el turno a los jefes que planean los asaltos y reciben y venden el material robado. Tampoco se libra el entramado que proporcionaba apariencia de legalidad como gestores económicos o legales.
Las revelaciones salpican, incluso, al Ayuntamiento de Aldeamayor, desde donde se habría facilitado de manera irregular la apertura de la empresa-tapadera Siglo XXI (dada de alta para la recuperación de metales) y el empadronamiento de personas vinculadas a ella.
Como implicados aparecen el exalcalde José Luis Sanz Ferreiro y la concejala María del Mar Martín, ambos de Unidad Regionalista de Castilla y León.
Aunque resulta llamativa por sus implicaciones políticas, el comandante Javier Peña del Arco —encargado de desmenuzar los pormenores de la operación— reconoció que el papel del exalcalde y la concejala «era colateral» y «no imprescindible» para la trama extraordinariamente compleja y con ambiciones de ‘banda total’.
Los cabecillas y «autores intelectuales» de la red son los hermanos rumanos M.G, de 34 años, y S.G. de 30. Ambos formaron una organización muy estructurada.
El grueso del corpus criminal de 170 delitos recopilado en 400 folios de atestados lo abarcan 144 delitos contra el patrimonio. Robos cometidos por la propia red y la receptacion y distribución de objetos robados que implicaban a cuatro empresas de Valladolid y, dentro de la Comunidad, también a una de Ávila y a otra de Palencia.
Fuera de Castilla y León aparecen como clientes de la red una empresa de Madrid y otra de San Sebastián.
Los robos de los que era responsable la red tenían como escenario a la provincia de Valladolid, salvo raras excepciones. Para evitar figurar en primer plano de una empresa que cada vez llamaba más la atención, los hermanos nombraron un testaferro, G.E, de 25 años. Otras dos personas (F.E.D. e I.F.C.) aprobaban y daban la orden de robar una determinada explotación o vivienda.
G.M.G era otro de los integrantes responsable del almacenaje. Tenía la llave de «un zulo» en el que ocultaba mercancías más fácilmente reconocibles como robadas en una simple inspección visual.
