UPyD quiere que Caja Segovia depure responsabilidades
Pide que Bankia, como heredera del negocio, investigue a los administradores.
La formación política UPyD pide a Bankia, como «heredera del negocio bancario de Caja Segovia» que depure responsabilidades civiles entre los administradores de la extinguida Caja Segovia, que «bien por negligencia o por falta de lealtad, causaron daños millonarios a la institución ya desaparecida».
Tanto la responsable de la formación magenta en Segovia, Luciana de Miguel, como Rodrigo Tena, miembro del Consejo de Dirección, hicieron ayer extensiva esta petición a la Fundación Caja Segovia, «como continuadora de la persona jurídica de Caja Segovia» y heredera de la Obra Social de la entidad, puesto que consideran que, junto a Bankia, tiene la «obligación moral, política y jurídica» de hacerlo, para que «los perjuicios ocasionados a la caja de ahorros y a los segovianos sean mitigados económicamente».
La formación que lidera Rosa Díez recordó ayer en una rueda de prensa ofrecida en la capital segoviana, que la fundación en constitución, heredera de Caja Segovia, «se encuentra quebrada y con su viabilidad comprometida por la hipoteca del Torreón de Lozoya para asumir una deuda tributaria que no le correspondía».
Al caso de la hipoteca, que investiga un juzgado de Segovia, se suman las retribuciones aprobadas para ocho altos directivos de Caja Segovia, que según los datos de UPyD ascienden a 34 millones de euros, 17 de ellos en concepto de prejubilaciones y el resto en planes de pensiones, aún por pagar. Estas dotaciones están siendo investigadas por otro juzgado segoviano.
Tanto Luciana de Miguel como el Ramón Marcos, diputado en la Asamblea de Madrid, ambos miembros del Comité de Dirección de UPyD, subrayaron la necesidad de «depurar responsabilidades no sólo penales y políticas sino civiles, para resarcir a los verdaderos perjudicados».
«Se trata de recuperar el dinero de la manera más eficaz posible»,aseguró ayer De Miguel , que insistió en recordar que la responsabilidad atañe a «quienes se han llevado el dinero y a aquellos que se lo han dejado llevar», en alusión a los miembros del Consejo de Administración y las comisiones de Control y Retribuciones: «Es innegable su falta de competencia, diligencia y lealtad porque no adoptaron las medidas necesarias para evitar esta situación y antepusieron los intereses de sus partidos», señaló.
«No es una opción, es una obligación moral, política y jurídica», insistió la representante de UPyD, que expresó su sospecha acerca de que «ni una ni otra» tengan intención de reclamar «porque comparten intereses y élite extractiva», y advirtió de que en caso de que no lo hagan, también se les podría pedir responsabilidades por inactividad.
Por su parte, el diputado de la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, definió como «ejemplarizante» el trabajo desarrollado por la formación magenta en el caso Caja Segovia: «ha servido de ejemplo para iniciar otras acciones vinculadas con entidades como Caja Madrid o Bankia», precisó.
«Estas operaciones están haciendo un servicio a España y conforman un modelo que debería seguirse en todo el país y debería promover el propio Estado para conseguir la regeneración nacional y lograr que el país funcione económicamente».
El diputado de la Asamblea de Madrid recordó que «la mala gestión y las irregularidades cometidas en el seno de las entidades es lo que ha dado lugar a la grave crisis financiera que ha tenido que ser solventada con dinero público y ayuda de la Unión Europea, lo que ha condicionado la política española y ha llevado a que los ciudadanos se hayan visto obligados a apretarse el cinturón para pagar entre todos los desaguisados de unos pocos que controlaban las cajas de ahorros y que estaban en las instituciones políticas», afirmó.
La portavoz segoviana de UPyD, Luciana de Miguel anunció «posibles nuevas medidas judiciales» que su formación podría presentar al Caso Caja Segovia «porque aparecen nuevas sorpresas», que se plantean llevar ante la Fiscalía.
En este sentido anunció «posible sirregularidades» que están en estudio sobre las incompatibilidades en las que hubieran podido incurrir personas que formaban parte del Comité de Dirección, justo antes de la integración, como su secretario general Antonio Tapias, del que aseguraron que tras la prejubilación pudo mantener su vida laboral durante un tiempo después. «Tenemos la sospecha de que compatibilizara la percepción de dos cantidades distintas», afirmó De Miguel, que exigió que «en caso contrario se desmienta».
La portavoz desveló igualmente que el exdirector (y hermano del secretario general Antonio Tapias) Fernando Tapias, ocultó al Juzgado un dato sobre dotaciones de pólizas de seguro que afectaba a su hermano y a otro directivo, Miguel Ángel Sánchez Plaza, lo que a su juicio refleja la «poca voluntad» para que el caso de la Caja se resuelva.
Luciana de Miguel reprochó la «connivencia política» que empaña el Caso de Caja Segovia y que, según argumentó, se plasma en la relación entre el alcalde de Segovia y exconsejero de la entidad, Pedro Arahuetes (PSOE), y el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Folgado, exdirector de Planificación y Estudios de Caja Segovia. La portavoz recriminó el «aparente enfrentamiento» entre ambos «cuando la realidad es que el regidor hizo multimillonario a Folgado al aprobar su retribución», dijo.
Los líderes de UPyD se mostraron convencidos de la Justicia «aunque lenta» actuará como debe y «el peso de la ley caerá como una apisonadora», señaló.