Un millón de euros más para la Red de medidas urgentes a las familias
PSOE e IU rechazan el presupuesto de Familia por la falta de recursos y el PP defiende que son suficientes
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, cuyos créditos ascienden a 809 millones de euros, dotará con un millón de euros más el conjunto de medidas urgentes a las personas y familias más castigadas por la crisis, recogidas en el decreto ley que blindó la Red con 145 millones para atender a unas 100.000 personas en riesgo de exclusión. El acuerdo se sustenta en cuatro enmiendas del Grupo Socialista transaccionadas por los grupos y aprobadas por unanimidad para su inclusión en las cuentas del departamento de Milagros Marcos.
Familia, cuyas cuentas recibieron el voto a favor del PP y en contra de la oposición, es la consejería que ha aceptado más enmiendas, cinco de las siete recogidas por los ‘populares’, donde figura otra de José María González (IU) por importe de 45.854 euros para la mejora de los centros de acogida. El socialista Jorge Félix Alonso explicó que con las iniciativas asumidas se da contenido al decreto ley ratificado por todos los grupos sobre las ayudas urgentes para las personas más castigadas por la crisis.
También la ‘popular’ María Luisa Álvarez Quiñones puso en valor el consenso para reforzar las medidas recogidas en la Red de apoyo urgente a las familias, en la que figuran acciones para conservar la vivienda, alimentos y prevenir la exclusión social a través de la renta garantizada de ciudadanía. “Lo único que queremos que sea realidad y para ello tiene que haber presupuesto”, aseveró el socialista sobre la Red.
Sin embargo, Alonso, que planteó de nuevo fijar un suelo social, critico que el presupuesto de Familia baje por tercer año consecutivo frente al incremento este año en un 5,02 por ciento de las cuentas de la Comunidad presentadas por la Junta y cuestionó que se presuma de la prioridad social en Castilla y León cuando los recursos para este departamento han mermado en 66 millones en los últimos años.
Con esos 66 millones se habrían creado más de 1660 empleos, argumentó Alonso, que censuró también que el programa de fomento de puestos de trabajo para personal con discapacidad se rebajen en un 60 por ciento. Álvarez Quiñones, que lamentó no poder recoger más iniciativas de la oposición, rechazó que el PSOE merme créditos de tutela a personas en régimen de desamparo y se destine a personas con discapacidad. “Aunque en una situación difícil, si tienen una familia y servicios profesionales”, afirmó.
Menos recursos
José María González, que defendió 100 enmiendas, afirmó que desde Familia se debe dar una respuesta a las personas que peor lo están pasando, criticó la baja ejecución presupuestaria de este departamento y censuró que los centros públicos no se utilicen en su totalidad. El procurador saludó que los centros de acogida cuenten con más fondos, conforme a su enmienda, y confió en su cumplimiento. “Cuando el acuerdo se publica en el boletín, la responsabilidad de aplicarlo es del Gobierno”, subrayó.
La ‘popular’ Soledad Romeral defendió que cuatro de cada cinco euros del presupuesto se destinan a los servicios básicos y que Familia tiene una merma muy leve, casi congela los créditos, que estimó suficientes para cumplir con sus compromisos. Romeral rechazó la petición de ampliar en diez millones la renta de ciudadanía, pedida por IU, porque esa prestación se incrementa en 11 millones en 2014 y es ampliable para que “nunca ningún ciudadano que lo necesita se quede sin ella”.
La procuradora reprochó que minore la partida de atención a víctimas de violencia de género y los conciertos de residencia de mayores para ampliar la renta. “Defiende el empleo público y rebaja partidas a gratificaciones a empleados por trabajo fuera de su horario”, recordó. González replicó que esas gratificaciones no son transparentes.
Por su parte, Alejandro Valderas (IU) propuso abrir una línea de 200.000 euros para la elaboración del Plan de la Ciudadanía en el exterior y para dotar de más fondos al centro de Suero de Quiñones de León, rechazas por el 'popular' Juan Jesús Blanco, que argumentó que el desarrollo de la ley afecta a todos los departamentos y "no es adecuado" una partida en una consejería.