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El Consultivo aprobó 882 dictámenes, de los que más de la mitad fueron denegados

Burgos, Salamanca, Palencia y Segovia, los ayuntamientos que más consultas realizaron.

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ical | valladolid

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El Consejo Consultivo de Castilla y León concluyó el año 2013 con la aprobación de un total de 882 dictámenes, todos ellos derivados de consultas de carácter preceptivo, a excepción de una de carácter facultativo, que fue planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada en relación a la competencia sobre la prestación del servicio de extinción de incendios. Con estos 882 dictámenes ya se han superado los 12.000 en el registro histórico de actividad de la institución que cumple su décimo ejercicio completo.

La institución propia de la Comunidad de Castilla y León con sede en Zamora aprobó 55 dictámenes sobre consultas del año 2012, y 827 de 2013, una cifra similar a la del ejercicio de 2012, a la que además se añaden, en un ámbito distinto al de este órgano, las cerca de 80 resoluciones despachadas el año pasado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad. El órgano consultivo despachó 14 asuntos en Pleno (13 anteproyectos de Ley y 1 proyecto de legislación delegada); 520 en la Sección Primera y 348 en la Segunda.

Los 882 dictámenes emitidos en 2013 suponen el 7,35 por ciento de todas las consultas dictaminadas desde el inicio de la función consultiva –noviembre de 2003- hasta la actualidad, que ascienden a 12.003. Los dictámenes de responsabilidad patrimonial, los derivados de consultas en las que se reclama una indemnización a la Administración, aglutinaron nuevamente el grupo más numeroso con 742.

El segundo grupo por cantidad de dictámenes emitidos es el de revisión de oficio de los actos administrativos, con 45; y el tercero, con 44, corresponde a los dictámenes de carácter jurídico normativo -30 sobre proyectos de decreto, 13 sobre anteproyectos de ley y uno sobre legislación delegada-, aquellos con los que se coadyuva a mejorar jurídica y técnicamente los textos normativos de Castilla y León. Entre los anteproyectos de ley dictaminados en 2013, se encuentra el de modificación del funcionamiento y organización de las instituciones propias de la Comunidad (Dictamen 67/2013).

El Consejo Consultivo de Castilla y León, presidido por Mario Amilivia, sigue siendo proporcionalmente a su composición el de mayor carga de trabajo por el número de dictámenes emitidos, y el único que ha asumido nuevas competencias en un contexto que hace necesaria la puesta en marcha de nuevas medidas de racionalización del gasto público. Cabe resaltar, además, que está integrado por tres consejeros electivos y uno nato.

En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 fueron desestimatorios; 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales, correspondiendo el resto de los mismos a asuntos sobre observaciones a las consultas sobre anteproyectos de ley y reglamentos ejecutivos; cuestiones de declaración de nulidad y caducidad; revisión de oficio de los actos administrativos y expedientes y/o procedimientos sobre los que no procedía emitir dictamen por parte del Consejo.

En un total de 685 ocasiones, es decir en un 77,6 por ciento del total de las consultas, existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa de los expedientes y el sentido final de los dictámenes, todo ello sin perjuicio de la decisión finalmente adoptada por la Administración correspondiente, en la que también existe una alta coincidencia, elevándose este porcentaje a más del 97 por ciento, lo que pone de manifiesto la ‘auctoritas’ de la institución.

En cuanto a la secuencia histórica de los dictámenes aprobados, el ejercicio 2013 registró un ligero ajuste en los fallos sobre responsabilidad patrimonial, pasando de 833 a 742, que era previsible por el establecimiento de las nuevas cuantías para este tipo de consultas, que representan el 84 por ciento del total de la carga de trabajo del Consejo. Destacó especialmente, en una tendencia que se mantiene a lo largo de los últimos años, el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial sanitaria, que se incrementaron un 22 por ciento.

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