Herrera, el jefe autonómico que menos gobierna por decreto-ley

Ocho comunidades han incorporado desde 2004, coincidiendo con el proceso de reforma de sus Estatutos de Autonomía, la posibilidad de dictar decretos-leyes, hasta entonces sólo reservada para el Ejecutivo central según la Constitución.

Cuestionada por algunos juristas por tratarse de una fórmula legislativa que hurta funciones al Parlamento y merma la participación de las minorías en el debate, la regularidad de su uso o abuso define, cuando menos, una forma de hacer política.

En un análisis meramente cuantitativo sobre el número de decretos-leyes dictados por Ejecutivos autonómicos frente a las leyes aprobadas por los parlamentos de sus respectivas comunidades, el resultado es que el Gobierno de Castilla y León es, junto al de Navarra, el que menos ha recurrido a estas disposiciones legislativas, reservadas para casos de «extraordinaria y urgente necesidad».

Desde 2007 —cuando el reformado Estatuto incorporó esta competencia— hasta 2013, la Junta ha dictado diez decretos-ley. Y en el mismo periodo, las Cortes han alumbrado 87 leyes. Es decir, sólo el 10% de las normas con rango de ley se canalizan a través del instrumento exprés de que dispone el Gobierno.

Sólo Navarra mejora esa ratio —los decretos-ley suponen el 3,1% de sus disposiciones legislativas—, aunque la Comunidad foral reguló esta fórmula en su norma institucional básica tres años después, en 2010.

En el extremo opuesto figura Baleares. En el mismo horizonte temporal que Castilla y León —entre 2007 y 2013—, una de cada tres normas aprobadas con rango de ley tuvo su origen en un decreto-ley. Ha dictado 32 en este periodo.

No se queda a la zaga Andalucía. La Junta ha gobernado por decreto en 30 ocasiones, y su parlamento ha aprobado 63 leyes por vía ordinaria.

La comunidad pionera en agregar esta competencia a su norma suprema, en 2006, fue Valencia, inmediatamente seguida por Cataluña. El peso relativo del decreto-ley sobre las leyes con tramitación ordinaria representa el 18 y 16% respectivamente.

Sin embargo, la primera autonomía en hacer uso de esta competencia fue Aragón. El 8 de mayo de 2007, el Gobierno presidido por el socialista Marcelino Iglesias aprobó un decreto ley con medidas urgentes para reparar los daños provocados por las riadas del Ebro. Antes de acabar el año, dio luz verde a otro con medidas urbanísticas. A una media de dos anuales, es de las que menos abusa de esta fórmula.

El Ejecutivo extremeño ha pisado el acelerador y, en tres años —en 2011 se aprobó la reforma de su Estatuto— ha promulgado 4 decretos-leyes, mientras su asamblea ha aprobado 11 normas con rango de ley.

Las materias

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera aprobó su primer decreto-ley el 14 de mayo de 2009, y en él concretó el reparto de los 125 millones de euros del Plan de Convergencia Interior y las medidas acordadas con el PSOE para crear empleo en los municipios de la Comunidad.

Pese a ser una fórmula de legislación más autoritaria, la Junta ha logrado, en ocasiones, conciliar sus intereses con los de la oposición parlamentaria e, incluso, con los de organizaciones sociales. Así ocurrió en 2010 y 2011, con los dos decretos-ley aprobados para modificar la ley de cajas (con el beneplácito socialista), y los dos validados en 2013.

El que sirvió para crear la red de protección para familias en riesgo de exclusión mereció el voto afirmativo de todo el arco parlamentario en su convalidación. El que arbitraba medidas en materia de vivienda incorporó, en su tramitación como proyecto de ley, enmiendas a propuesta del Diálogo Social. UPL lo apoyó, y PSOE e IU se abstuvieron.

En tres ocasiones —una en 2010 y dos en 2012— la Junta ha recurrido al decreto-ley para tomar medidas de control del déficit público y para garantizar la estabilidad presupuestaria. Lo hizo primero para adaptarse al Real Decreto del mayo negro de Zapatero; después para hacer lo propio con las medidas tomadas por Rajoy en su julio aciago de 2012.