Soto alega que era presidente honorífico y culpa de las prejubilaciones al director

Tres horas y media duró la declaración de los primeros consejeros de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos (PP), ex presidente de la entidad integrada en Bankia, y Manuel Agudíez (PSOE), vicepresidente, que ante las preguntas del juez y de la fiscal en el conocido como caso de las prejubilaciones millonarias, derivaron sus responsabilidades hacia los cargos técnicos de la extinguida entidad.

Concretamente, hacia Manuel Escribano, director general, que declara hoy (a las 12.00 horas) como imputado, y hacia Enrique Quintanilla, director de Recursos Humanos que, según anunció ayer el letrado de la acusación particular de UPyD, Andrés Herzog, «tendrá que declarar como testigo o como imputado, pero será necesario que aclare esas responsabilidades que les derivan», señaló.

Ambos declararon como integrantes de la Comisión de Retribuciones, que aprobó los planes de pensión y prejubilación que favorecieron desde 2008 a los máximos responsables políticos y técnicos, que habrían cobrado 33 millones de euros, según los datos de UPyD que trata de demostrar «un posible delito de administración desleal».

Para la defensa de los consejeros, estos planes fueron «normales». «Superiores, quizá, a la media, pero legales», sostuvo ayer el letrado madrileño Luis Rodríguez Ramos, que actuó como letrado de los dos.

«Caja Segovia, absolutamente saneada y con grandes beneficios, aportó esas prejubilaciones y pensiones tan superiores y tan buenas, que pueden dar sana o insana envidia pero que no están previstas en el código penal como delito», recalcó el excatedrático de Derecho Penal y letrado.

Atilano Soto mantuvo en su declaración que fue un «presidente honorífico, sin responsabilidades ejecutivas y sin conocimiento detallado de lo que se hacía en la caja», lo que UPyD calificó de «sorprendente».

«Máximo cuando sí reconoció que en el año 2008, cuando se modifica por primera vez el plan de prejubilaciones y se flexibilizan los requisitos para poder acceder a la prejubilación, ya se sabía que iba a haber una integración en una entidad superior.

Se acelera ese plan con importantes dotaciones, en vez de rescatarlo. ¡Los consejeros no sabían que las dotaciones ascendían a esas cantidades estratosféricas!. Solo en 2010, se dotaron 11 millones de euros para prejubilaciones de ocho personas», insiste la acusación particular.

Para la formación que dirige Rosa Díez, ninguno de los declarantes respondió ayer «a una cuestión clave: ¿qué beneficio daba esto a la Caja?». «La fiscalía les preguntó a ambos sobre ello y han apelado a la responsabilidad, pero no han dicho cuál era el beneficio para la institución, o si se hizo en beneficio de la caja o en interés de determinadas personas».

Tanto Atilano Soto como Manuel Agudíez, declararon a puerta cerrada ante el titular del juzgado número 2, Jesús Marina Reig, que instruye el caso.

Soto necesitó casi dos horas para responder solo a las preguntas de juez y fiscal, porque se negó a responder a las acusaciones –sobre el uso de ‘una Visa opaca’, regalos, prebendas, prejubilaciones y pensiones– preparadas por la acusación.

Terminada su declaración, Atilano Soto, que releyó durante 25 minutos las actas de su declaración, antes de firmarla, aseguró sentirse tranquilo. «He podido aclarar lo que creía, con tranquilidad y buena letra», manifestó, mientras abandonaba la Audiencia Provincial entre los insultos de quienes le reconocieron en las estancias judiciales. «!Y baja riéndose este cabrón», le espetó una señora en alta voz. «Sinvergüenza» e «hijo de puta», fueron otras ‘perlas’ que recibió el ex presidente de la Diputación y de Caja Segovia.