Diario de León

El sector agroalimentario crea 4.500 empleos con 450 millones en ayudas

Fondos europeos sufragan el 20% de 2.000 millones invertidos entre 2007 y 2013.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa de ayer.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa de ayer.

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La industria agroalimentaria de Castilla y León creó casi 4.500 nuevos empleos en seis años de travesía de la crisis, y el 77% eran personas jóvenes, menores de 40 años. En este periodo, las empresas de la Comunidad movilizaron 2.093 millones de inversión en nuevos proyectos y se repartieron 456,2 millones en ayudas públicas.

Son las cifras del balance expuesto ayer por la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, ante sus compañeros durante el Consejo de Gobierno. A su término, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ensalzó la «pujanza» del sector y su contribución a la economía de la Comunidad. No en vano, el sector primario y el de transformación soportan la cuarta parte del pilar industrial.

En el informe presentado por Clemente sólo se aportan resultados vinculados a las ayudas públicas otorgadas con cargo al Programa de Desarrollo Rural, no a los préstamos retornables. Según los datos facilitados por la Junta, por cada 10 euros de inversión nueva acometida por las empresas, las administraciones aportaron dos.

De los 1.885 proyectos industriales que llevaron aparejado apoyo público, el 21% se promovieron en Valladolid, responsable también de la quinta parte del volumen de inversión durante la crisis (451 millones) y beneficiada en la misma proporción de fondos de Desarrollo Rural (100 millones).

Palencia fue la segunda provincia que más ayudas percibió: casi 70 millones para financiar 169 proyectos, con una inversión asociada de 340 millones. Más de 61 millones públicos se repartieron las empresas agroalimentarias de Burgos, que invirtieron 318 millones; y 60,4 millones las de Salamanca, con inversiones privadas de 276 millones.

El peso de la financiación pública sobre la privada más alto se localizó en Soria. 96,5 millones dedicaron sus empresas a nuevos proyectos, y 24,7 recibieron añadidos de dinero público, uno de cada cuatro euros. En el otro extremo se sitúa Burgos, donde el incentivo público representa el 19% de la inversión.

En términos de empleo, también Valladolid lidera la estadística. En empresas con proyectos desarrollados en esta provincia se crearon uno de cada cinco nuevos empleos generados por el sector durante los seis años de crisis (896). En Salamanca, la agroalimentación hizo hueco a 702 trabajadores, mientras en Segovia 614 personas encontraron un puesto de trabajo. A la cola en creación de empleo se situó Ávila (131), mientras Soria y zamora generaron cada una 255 puestos.

Por sectores, las inversiones privadas más cuantiosas estuvieron ligadas a la industria cárnica (424 millones); seguida de pan, galletas y pastelería (392 millones); el lácteo (casi 270 millones); y el vinícola (234 millones).

El subsector cárnico fue también el más beneficiado por el goteo de fondos públicos (casi 88 millones); seguido de la industria de pan y bollería (74,5); del hortofrutícola (64,5) y del lácteo (60). Curiosamente, y pese a liderar el ranking de inversión privada, el vinícola se repartió 35 millones.

Fondos Desarrollo Rural

El reparto de subvenciones con cargo al Programa de Desarrollo Rural, que abarca el periodo 2007-2013, y en menor medida con el Programa Operativo para el sector pesquero, se ralentizó en el último año.

Según las cifras aportadas por la Junta, la Consejería de Agricultura prestó apoyo a 14 proyectos –tres para el sector de la leche de vaca, tres para tratamiento y depuración de aguas residuales en el cárnico y seis para pescados y mariscos–, a los que dedicó 4,88 millones, lo que permitió crear 17 nuevos empleos y mantener otros 613.

Preguntado sobre la situación de conflicto entre la Junta y el Ministerio de Agricultura por los pagos pendientes del Programa de Desarrollo Rural, el portavoz afirmó que aún no se ha solucionado, pero agregó que el Gobierno autonómico «no tira la toalla».

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