Junta y grupos de las Cortes se reúnen hoy por un acuerdo de la reforma administrativa

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los grupos parlamentarios mantendrán una reunión hoy, lunes, para avanzar en la propuesta de reforma de la administración autonómica. En encuentro responde a la oferta del consejero a PP, PSOE, IU y UPL para trabajar en la búsqueda de un acuerdo que se materialice en el proyecto de ley que su departamento pre vé enviar a las Cortes en el mes de marzo.

A esta segunda reunión —la primera antes de Navidades fue una primera toma de contacto, según explicaron los asistentes—, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), acude con el ánimo de escuchar y de que «lo que salga sea lo mejor». Sin embargo, advirtió de que no aceptará ningún acuerdo que suponga la pérdida de empleo público porque consideró que «ya ha habido bastante ataque» contra los derechos de los trabajadores públicos.

Tras el concepto de racionalización se esconde la pérdida de empleo, resumió González, en declaraciones a Ical, en las que afirmó que acude «con cautela» a la reunión con el consejero, pero abierto a las propuestas, aunque marcó, entre las líneas rojas, que no haya perdida de empleo público. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, manifestó que existe un trabajo, como son las 66 propuestas que presentó el consejero de la Presidencia en las Cortes a las que se unieron once de los grupos —10 del PP y una de UPL— y no se parte de cero. «La voluntad del PP es escuchar, dialogar y llegar a un acuerdo», subrayó.

Fernández Carriedo sostuvo que todos los grupos comparten la necesidad de reformas en el ámbito de la administración y añadió que no vio una «critica relevante» a las propuestas que llevó De Santiago-Juárez a las Cortes en un pleno celebrado en diciembre. El portavoz popular destacó la búsqueda del consenso para esta reforma cuando la Junta podía haber presentado el proyecto, ante la mayoría del grupo que sustenta al Ejecutivo.

El Grupo Socialista declinó dar su opinión ante la reunión de hoy, convocada por el consejero, dado que, según fuentes de este grupo, es una más y faltan otras. Sin embargo, entre las diez propuestas —todas rechazadas— que presentó en el pleno de diciembre a la comunicación de la Junta, figura la elaboración de un libro blanco de la función pública para la mejora del empleo público y el «respeto escrupuloso» al control parlamentario de los procuradores en la labor de oposición a la Junta, petición a la que se unió el Grupo Mixto (IU y UPL).

La Junta de Castilla y León ha presentado a los grupos un conjunto de 66 medidas para completar la reforma de la administración autonómica en el primer semestre de este año, con las que estima un ahorro de 38 millones en el presente ejercicio para los ciudadanos de la Comunidad en el área institucional, simplificación de documentos, reducción de duplicidades y tramitación electrónica.

Entre esas medidas, están la supresión, en unos casos, y la reordenación, en otra, de órganos de la administración de la Comunidad Autónoma y la reestructuración de las empresas del sector público, donde la Junta considera que ha avanzado en 2013, pero presenta algunas otras acciones adicionales, como la reducción de la aportación a la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo. El pleno celebrado en diciembre se cerró con la aprobación de once propuestas de resolución a la reforma de la Administración autonómica presentada por la Junta, diez del Grupo Popular, de las que siete recibieron la unanimidad de la Cámara, y una del Grupo Mixto (UPL), relativa a que las Cortes cuenten con la información y la relación completa de los entes de la Administración pública de la Comunidad, que se unen a la oferta de la Junta.

Las siete propuestas del Grupo Popular aprobadas por unanimidad se refieren a la recopilación de los acuerdos de órganos colegiados del Gobierno en la web institucional de la Junta, el inicio del diálogo para la presentación de la ley de Transparencia, la no aportación por los ciudadanos de documentos que tiene la administración, la colaboración con el Gobierno para las víctimas de terrorismo e integración de inmigrantes, establecer mecanismos para la presentación de las cuentas por las entidades locales menores y la apertura de la reforma a sugerencias de los ciudadanos en el Gobierno Abierto.