La Junta urge el cotejo de las reformas territoriales para ejecutar su ordenación

El Gobierno de Juan Vicente Herrera no está dispuesto a dilatar el desarrollo de la Ley de Ordenación y quiere que el grupo de trabajo encargado de analizar el encaje de las reformas territoriales estatal y autonómica –acordado ayer en la reunión entre el presidente y el líder del PSCyL, Julio Villarrubia– presente sus conclusiones cuanto antes.

«Queremos que el grupo trabaje ágilmente (...) El estudio no tiene que llevar mucho tiempo. Tenemos prisa por seguir avanzando en la Ordenación. Hay muchas cosas que hacer en 2014», señaló el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, el término del Consejo de Gobierno.

El consejero recordó que el Ejecutivo autonómico ya tiene hecho su informe «técnico» desde mediados de diciembre, cuando la reforma local de Montoro, salió del Senado. Y sus conclusiones son claras: «Las dos leyes son perfectamente compatibles».

«Es muy sencillo. La ley estatal no dice nada en materia de ordenación; no dice nada sobre los servicios que presta la Junta; en materia de funciones de ayuntamientos y diputaciones, fuimos lo suficientemente previsores y no incluimos en nuestra ley la cartera de servicios», resumió el portavoz.

De Santiago-Juárez reconoció, como hiciera el secretario general del Partido Socialista la víspera, que la reunión con Herrera fue «positiva, cordial, agradable y prolongada», y que los dos interlocutores manifestaron un «ánimo constructivo» para avanzar en los asuntos de Comunidad.

A preguntas de los periodistas sobre la decisión del PSOE de recurrir la ley de Montoro al Constitucional y sus pretensiones de que el PP lo apoye en las Cortes, el consejero portavoz dejó claro que éste asunto «está en la agenda socialista», pero es independiente del pacto en Ordenación. «Eso se diferencia y ayer [por el miércoles] quedó claro [en la reunión]», agregó.

Por último, De Santiago-Juárez precisó que a las reuniones del grupo de trabajo la Junta acudirá con su equipo de letrados y que fue el PSOE quien informó de que su partido recurriría al asesoramiento de los letrados de las Cortes.