Una polémica que popularizó Manuel Fraga al ser el primero en pedirlos

En julio de 1939 salió de la estación de tren de Barcelona el primer tren, con 12 vagones, cargado de documentos incautados en Cataluña con el fin de ser utilizados por la represión franquista. Esos documentos llegaron unos meses después a Salamanca, a la Delegación Central de Recuperación de Documentos para formar parte del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esa fue la génesis de los llamados ‘Papeles de Salamanca’.

Un término que empezará a popularizarse en 1980, cuando Manuel Fraga pidió por primera vez la devolución de los documentos que se encuentran en el Archivo vinculados a Galicia. El guante fue recogido de inmediato por los nacionalistas de País Vasco y Cataluña, aunque han sido estos quienes más han insistido en su recuperación, sobre todo en épocas donde los pactos de Gobierno obligaban a los partidos mayoritarios a contar con ellos.

Nacía así uno de los culebrones políticos que más tiempo ha durado en la historia de la Democracia. Votaciones, recursos judiciales, manifestaciones y cientos de declaraciones, que vivieron su momento más caliente en la madrugada del 19 de enero de 2006, cuando a las 6:28 horas del Archivo Histórico de la Guerra Civil empezaron a salir, por mandato de la ministra socialista Carmen Calvo y bajo la vigilancia de 15 furgones policiales, las primeras 500 cajas de documentos listas para ser devueltas a Cataluña.

Desde aquel momento histórico hasta el próximo 24 de marzo, cuando el investigador Policarpo Sánchez presente su demanda judicial contra la Generalitat, habrán pasado casi 3.000 días de intensa lucha por recuperar algunos documentos que nunca debieron salir del Archivo, y que sólo las prisas o los intereses ocultos, permitieron su traslado pese al incumplimiento de la Ley de Restitución que permitió la salida de los documentos con destino a Cataluña.

Comenzó entonces otra batalla distinta en la guerra de los ‘papeles de Salamanca’. Los recursos de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Salamanca ante el Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional fueron siendo desestimados poco a poco, validando la salida de los documentos o la legalidad de la Ley que lo permite.

Desde entonces, el investigador Policarpo Sánchez, arriesgando su trabajo y dinero, sigue empeñado en que se cumpla la Ley de Restitución y que Cataluña sólo tenga en su poder, para devolver a sus legítimos propietarios, los documentos que le corresponden.

Considerado como uno de los investigadores que mejor conocen el Archivo de la Guerra Civil, Policarpo decidió convertirse en una persona pública en el 2009. Hasta entonces había realizado multitud de informes sobre los fondos del Archivo pero la impotencia de ver cómo Cataluña se estaba quedando con documentación, que a su juicio, no le correspondía, le llevó a dar el paso.

Aparentemente esa lucha es entre David contra Goliath. Sin embargo, Policarpo Sánchez va dando pasos poco a poco intentando aprender de los errores que otros pudieron cometer. Su lucha no se centra en algo global, como es la legalidad de la Ley. Él ha preferido centrarse en reclamar documentos concretos, en pedir el regreso de más de 120.000 documentos que salieron en los más de siete envíos realizados y que por un motivo u otro, incumplieron la Ley con su salida. Lo hace aportando los datos exactos de cada papel y con un acta notarial de que esos documentos no están en Salamanca.

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEON Y DIARIO DE LEÓN pudo comprobar el 11 de noviembre de 2011 en primera persona, en el Centro de la Memoria, que las denuncias públicas realizadas por el investigador eran ciertas. Aquella mañana comprobamos cómo había documentos sin digitalizar que ya no estaban en el Archivo y que habían sido trasladados a Cataluña, la mala calidad de algunas copias, el desorden en otros o documentos que habían sido digitalizados de forma incompleta, pero cuyos originales ya no estaban en Salamanca.