En pie contra la rebeldía
Opinión | franco venturini
El 24 de marzo demandaré a la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fundamentaré la demanda en el estricto cumplimiento de la Ley 21/2005 y de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de Enero de 2013, referidas al Archivo de Salamanca. No ha sido posible otra salida: el Gobierno regional de Cataluña está en rebeldía contra el Estado de Derecho y se burla del ordenamiento jurídico español.
Solicitaré al Juez que la Generalitat devuelva al Archivo General de la Guerra Civil todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña. La Ley ha sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos.
Pediré también al Tribunal la devolución de todos los documentos que la Generalidad de Cataluña no ha restituido a sus legítimos propietarios. Esta documentación se reclama por varias razones: bien por haber transcurrido el plazo previsto para su restitución, y que pone fin al procedimiento creado por la propia Generalidad de Cataluña (Decreto 183/2008, de 9 de Septiembre), bien por haberse cometido irregularidades en su entrega, tales como haber otorgado su titularidad a personas o entidades que nada tienen que ver con sus legítimos propietarios o sucesores. No solo es culpable la Generalitat, sino quien se ha prestado como colaborador necesario para que el Archivo Nacional de Cataluña engrosase sus estanterías con lo que no le pertenece.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de Enero de 2013 deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse; se dice expresamente que si esta restitución no se puede producir, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal. Es especialmente relevante la declaración de intenciones que me hace al respecto por escrito el consejero de Cultura catalán: aboga por soluciones alternativas y no contempladas en la Ley, tales como su custodia o depósito físico “en lugares diversos”. No admitiré ninguna solución que no pase por el estricto cumplimiento de la Ley.
Solicitaré, así mismo, al Juez el traslado al Archivo General de la Guerra Civil de todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente. Respecto a la digitalización de los documentos y efectos enviados, el consejero de Cultura admite la existencia de deficiencias, que ellos definen como «incidencias».
Un extraordinario equipo de abogados, encabezados por Ernesto Tomé Martín, trabaja en este mismo momento en la redacción de la demanda. Familias y entidades que han sufrido dolor y pérdidas por la avaricia de la Generalitat de Cataluña han depositado en nosotros su confianza. No les fallaremos. Está en juego su dignidad y, con ellos, la de todos los españoles, que han visto rota nuestra memoria compartida como nación en un Archivo Histórico, a consecuencia de una hoja de ruta de quienes se encaminan hacia la independencia y antes arramblan con cuanto pueden y les dejan.
Franco Venturini es analista político y editorialista del periódico Corriere della Sera.