Herrera fija posición en financiación ante la vicepresidenta con lealtad a las autonomías

Nadie podrá acusar al presidente de Castilla y León de negociar a hurtadillas, y por adelantado, privilegios para la Comunidad en materia de financiación. Porque ayer, Juan Vicente Herrera y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hablaron de la reforma del modelo de financiación autonómica, pero «no negociaron nada».

Así de tajante fue, hasta en dos ocasiones, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien compareció en rueda de prensa para dar cuenta del contenido de la reunión celebrada, en el Colegio de la Asunción, en Valladolid, entre el jefe del Ejecutivo autonómico y la mano derecha del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El asunto central de debate fue la reforma de las administraciones públicas. Pero, según informó el portavoz, Herrera y Soraya abordaron otros asuntos que han sido motivo de «conflicto» entre ambos Gobiernos, siempre desde la «lealtad», que no está «reñida» con la «sinceridad».

La revisión de la financiación autonómica, comprometida por el ministro de Hacienda para el segundo semestre del año, fue uno de ellos. Herrera y Sáenz de Santamaría lo trataron «por encima», pero el presidente aprovechó para fijar la posición de Castilla y León ante la inminente negociación.

El presidente informó de que su Gobierno defenderá un reparto de fondos basado en la población ajustada, es decir, donde el número de habitantes se pondere con criterios como la extensión territorial, la baja densidad, la elevada dispersión y el envejecimiento.

Principios que «encarecen la prestación de servicios», consagrados en el Estatuto de Autonomía, que Soraya «conoce bien», según destacó De Santiago-Juárez, no sólo por su condición de castellano y leonesa, sino por haber participado como ponente en la redacción de la norma suprema de la Comunidad.

Eso sí. Que Herrera pusiera negro sobre blanco estos criterios que defenderá en la batalla con el Gobierno no significa que cerrara con la vicepresidenta ningún compromiso, promesa o trato de favor.

«No se ha negociado nada», insistió por dos veces el portavoz de la Junta. «Éste es un asunto que debe tratarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)», apostilló. Al respecto, cabe recordar que el Gobierno autonómico ha sido muy crítico cada vez que un presidente autonómico ha despachado bilateralmente con Rajoy ahora —y antes con Zapatero— o con alguno de sus ministros, en encuentros que, además, han sido discretos, sin luz ni taquígrafos.

Por el contrario, Herrera y todo su Gobierno han apostado porque cuestiones de Estado, como el objetivo de déficit público o la reforma de la financiación autonómica, se discutan en el órgano previsto para ello, el CPFF, y desde el respeto y lealtad a todas las autonomías.

José Antonio de Santiago-Juárez compareció ante los medios acompañado por el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez. El representante del Gobierno fue preguntado por la idea lanzada la víspera por el presidente de Madrid, Ignacio González, quien había defendido que las dos comunidades que no participan del régimen común de financiación —Navarra y País Vasco— entren a formar parte, al menos, del Fondo de Solidaridad.

Pérez eludió pronunciarse al respecto y se salió por la tangente al afirmar que lo que toca ahora, en la agenda del Ministerio de Hacienda, es acometer la reforma tributaria, «que va a incidir en el modelo de financiación»; revisión del mapa de impuestos que, por cierto, no se trató en la reunión Herrera-Soraya.

Quien sí se pronunció fue De Santiago-Juárez: «Todo lo que sea mejorar la financiación de las comunidades y que no haya privilegios, me parece estupendo», subrayó, para dejar entrever que no se opondría a una reforma de la Constitución —si modificar el cupo vasco y navarro así lo requiriese— en aras de aumentar la cuota de solidaridad de estas comunidades con el resto.

Por último, De Santiago-Juárez informó de que ya había solicitado una reunión formal con la vicepresidenta, en nombre de las seis comunidades reunidas hace ocho días en Zaragoza, para abordar una estrategia de Estado contra la despoblación y a favor del cambio demográfico.