Bronca en el surtidor

Mientras andábamos ilusos calculando en casa la rebaja de los combustibles del frío, porque una sentencia europea declaró ilegal el ‘céntimo sanitario’ (que siempre fueron cinco), vendedores y recaudadores preparaban su batalla argumental, para que nos vaya quedando clarito que no van a soltar ni un pelo. Aunque haya sentencia europea y todos recordemos las prisas por liberar a sus afectados en el reciente caso de la doctrina Parot. Ahora hablamos del bolso y no de terroristas o violadores recalcitrantes.

Así que mientras se arrojan céntimos a la cabeza gasolineros y recaudadores, el ministro Montoro avisa en el Senado, con su finura habitual, que ya se ocupará de investigar a quien solicite el reintegro. Nuestra afección irregular fueron diez meses de 2012, durante los cuales el impuesto se apellidó sanitario y no carburante, aunque su destino fuera siempre el mismo.

Bautizado el impuesto de nuevo, la sanidad sigue recibiendo su importe, sin que afecte la mudanza al precio ni suponga escarnio o castigo para quien antes metió la pata. Lo que sí hemos descubierto en la enganchada entre los del combustible y los recaudadores, es que nos va a dar lo mismo. Los gasolineros, arropados por Aparicio en la sede patronal, se pusieron farrucos exigiendo con insolencia la retirada del impuesto, cuyas calamidades económicas y laborales detallaron con menudeo de situaciones y ejemplos. Lógicamente, las estaciones más perjudicadas han sido las limítrofes con comunidades donde no se aplica el gravamen. Lo cual, si cotejamos los déficits autonómicos colindantes, no deja de suponer una chirigota carnavalera. Pero esa es otra historia, que afecta al escaqueo estatal a la hora de armonizar el mapa impositivo. Una renuncia habitual que no supone broma, sino que cobija multitud de descalabros.

Después de tanto ruido patronal, con abultadas pérdidas de empleo y consumo tasadas por el procedimiento del buen tuntún, este martes la consejera de Hacienda Pilar del Olmo dio su versión del conflicto en las Cortes, sembrando nueva inquietud en los consumidores. Primero señaló que no estamos en condiciones de prescindir del impuesto rebautizado, y luego precisó que nuestros combustibles son los más caros de las nueve comunidades que aplican el tipo máximo de 4,8 céntimos por litro. A continuación, atribuyó a los márgenes de venta desmedidos el alza de los precios. Porque nuestros gasolineros aplican una horquilla de comercialización tan holgada que provoca diferencias de hasta 20 céntimos por litro. También rebatió su incidencia en el empleo: cuando se implantó el impuesto, había en los surtidores 526 cotizantes a la Seguridad Social, y al cabo de 21 meses, seis más.

Después del intercambio de piropos, al consumidor sólo le cabe flagelarse en el lamento. Porque mientras la administración yerra y es corregida, pero no se enmienda, los industriales aprovechan el barullo para inflar los precios. Esperar la tutela de las autoridades de consumo es vana ilusión. Ya hemos padecido esa indefensión ante los abusos de las entidades de ahorro, cuyo latoso proceso de absorción se encuentra por fin en fase terminal.

Fracasada la oferta de Unicaja a los preferentistas, la hucha de todos puso otros varios cientos de millones para aliviar los escrúpulos de Almunia y demás comisarios europeos. Este suministro adicional supondrá el cierre de más oficinas rurales y más pérdida de empleo. Mientras, seguimos sin noticias de los gestores del descalabro.