La EPA se cuela en el hemiciclo
La andanada | Pedro Vicente
La EPA del pasado trimestre se coló ayer de rondón en la sesión parlamentaria de control a la Junta. La oposición no pasó por alto los malos datos sobre el empleo en la comunidad y los sacó a colación aprovechando cualquier resquicio, e incluso sin él.
Fue el caso del portavoz socialista, Óscar López, quien, pese a haber preguntado al presidente Herrera sobre la gestión educativa, comenzó su intervención subrayando que Castilla y León tiene hoy menos personas empleadas (6.000) que hace un año y 15.500 activos menos. Ello antes de cifrar en 680 millones de euros el recorte presupuestario en Educación a lo largo de los últimos cinco años y en 250 los fondos desviados en el mismo periodo a la enseñanza privada en detrimento de la pública. Este último dato fue calificado como «falso de toda falsedad» por el presidente de la Junta, señalando que difícilmente puede ser cierto cuando la asignación anual para la enseñanza concertada se sitúa en torno a los 60 millones. Por lo demás, después de asegurar que ésta es la cuarta comunidad autónoma con mayor ratio de gasto por alumno, Herrera se apoyó en el informe Pisa para defender los niveles de equidad y calidad de la Educación que se imparte en Castilla y León.
Mejor percha para colgar los datos de la EPA tenía el procurador de IU, José María González, quién había formulado una pregunta al presidente reprochándole que el proyecto político de la Junta se base en repetir que Castilla y León «va bien». Herrera calificó de «invento» ese supuesto mantra, matizando, eso sí, que no comparte el diagnóstico de que «Castilla y León va pésimamente» que cabía extraer del panorama presentado por González. Pese a reconocer que los de esta última EPA «no son buenos datos», el presidente de la Junta concluyó afirmando que «ni Castilla y León va bien, ni va pésimamente».
Otro que tiró de los datos de la EPA, en concreto del referido a los 56.000 parados en la provincia de León, fue el socialista Miguel Ángel Fernández Cardo, que había preguntado al consejero de Economía sobre la postura de la Junta ante el «avance imparable del plan de desmantelamiento de la minería del carbón». Fernández Cardo y Tomás Villanueva no llegaron al nivel de bronca del pleno anterior, pero poco faltó. La alusión del procurador a los «desesperados esfuerzos» del consejero por formar parte de la candidatura europea del PP estuvo a punto de provocar una nueva enganchada. «Tiene usted bastante mal gusto y lo que ha dicho no es cierto», contestó Villanueva, quien a continuación achacó la situación de las cuencas mineras a la decisión adoptada en 2010 en Bruselas con la anuencia del gobierno Zapatero.
El leonesista Alejandro Valderas, más que preguntar a la Junta, lo que hizo ayer fue solicitar una moratoria de dos años sobre lo que calificó de «sendas chapuzas inaplicables», ambas del ámbito competencial del consejero de Medio Ambiente: La Ley de Pesca y el Plan Integral de Residuos de la comunidad. En opinión de Valderas, dicha Ley ha organizado un «lío» que habría que corregir de inmediato, posición en absoluto compartida por Antonio Silván, quien considera que es una normativa «innovadora y pionera» que va a redundar positivamente en la actividad económica y el turismo. Tampoco compartió el consejero las deficiencias y lagunas observadas por el procurador en el Plan de Residuos, que igualmente seguirá en vigor tal como ha sido aprobado.