Sentencia contra la salida de nuevos papeles de Salamanca
El TSJ de Madrid desestima la petición de la familia Reparaz .
Vista exterior del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la devolución del Archivo del geógrafo Gonzalo de Reparaz (1901-1984) al desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la heredera María del Carmen Reparaz Zamora para la devolución de documentos familiares incautados en 1939 y custodiados en el Archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica.
Según informa Europa Press, el recurso de Reparaz Zamora iba contra las resoluciones del Ministerio de Cultura y la Viceconsejería de Cultura de la Comunidad de Madrid que, a su vez, desestimaban los recursos de alzada interpuestos contra resoluciones anteriores que denegaron la devolución de los documentos por falta respectiva de competencia en el asunto.
En varias resoluciones, la Comunidad de Madrid declaró su voluntad de no participar en este proceso, y el Ministerio de Cultura indicó que no ostentaba la competencia.
La nieta del geógrafo Gonzalo de Reparaz, Rodríguez Carmen de Reparaz Zamora, fue la única persona física que solicitó a la Comunidad de Madrid la restitución de los archivos, que fueron incautados el 13 de julio de 1939 por un equipo de registro de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. En total, 42 cajas que fueron clasificadas y ordenadas en 1997, trabajo que realizó el historiador Ignacio C. Soriano, bajo la supervisión del entonces director de la sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, Miguel Ángel Jaramillo.
La familia Reparaz pidió el archivo después de donar otros documentos familiares a la Generalitat catalana.
Según un artículo publicado en la revista Documentos de Análisis, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), firmado por el historiador Ignacio C. Soriano, el archivo de Reparaz en Salamanca contiene varias series. Lo más interesante, cartas del general carlista Tomás Zumalacárregui, de 1834-1835, autorizando la compra de armamentos. También un apartado personal, cuya investigación plantearía serias dudas éticas, según el historiador: «Sería conveniente plantearse la cuestión de la utilización de los archivos, máxime cuando, como en este caso, no están abiertos a la investigación por la voluntad de quienes han sido sus propietarios», añade Soriano.