La Junta apoya la reapertura de la central nuclear de Garoña
Villanueva cree que «tiene sentido» si se dan las condiciones adecuadas .
Imagen de la central nuclear de Garoña, en una imagen de archivo.
El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, expresó ayer su satisfacción tras el reciente anuncio por parte de Endesa de que solicitará la licencia de operación para la central nuclear de Santa María de Garoña, e instado a que se haga efectiva ya esa petición, informa Efe.
Villanueva, en declaraciones a los periodistas en Valladolid, antes de clausurar una jornada profesional, declaró que «tiene sentido» la reanudación de actividad en la planta nuclear, ubicada en el norte de la provincia de Burgos, siempre que se den las adecuadas condiciones de seguridad. «Agradecemos a Endesa su postura, pero no vamos a realizar más valoraciones hasta que el consejo de administración de Nuclenor -sociedad participada al cincuenta por ciento por Iberdrola y Endesa- no diga definitivamente cuál es su postura», añadió.
La planta de Santa María de Garoña, situada en el término municipal de Quintana Martín Galíndez (Burgos), cerró el 6 de julio de 2013 después de cuatro años de prórroga decretados en 2009 por el Gobierno central que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Hasta el próximo 6 de julio, por tanto, tiene de plazo Nuclenor (Iberdrola más Endesa) para solicitar la licencia de operación que permitiría reanudar la actividad en la planta.
La central de Santa María de Garoña tiene la documentación preparada para presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud de renovación del permiso de explotación hasta 2024, no sólo hasta 2018 como lo previsto inicialmente, según fuentes de la empresa Nuclenor, propietaria de la planta. Pese al anuncio de los directivos de Endesa, que aseguran que solicitarán la renovación del permiso de explotación, la decisión todavía no se ha aprobado por el Consejo de la empresa, aunque aún queda tiempo antes de que finalice el plazo.
El Gobierno aprobó en febrero un real decreto que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de manera que una central nuclear cuyo cierre se deba a razones económicas, y no de seguridad nuclear o la protección radiológica, dispone de un año a partir de su cese de actividad para solicitar una nueva renovación.