La Junta busca legalizar el vertedero de residuos peligrosos de Santovenia
El nuevo intento se produce después de la sentencia en contra del Constitucional .
Imagen de archivo del vertedero de Santovenia, en Valladolid.
La Junta de Castilla y León dio ayer un nuevo paso administrativo para legalizar la actividad del vertedero de residuos peligrosos ubicado en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, con la publicación de una resolución para aprobar el proyecto de decreto que lo ampare.
La resolución, con fecha del 16 de mayo pero publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, responde a la solicitud de la empresa concesionaria de la gestión del vertedero Centros de Transferencia S.A. (Cetransa) para que se tramite de nuevo el proyecto de interés regional que da cobertura legal al recinto, a raíz de que el Tribunal Constitucional sentenciara el pasado año que el procedimiento usado para su creación fue inconstitucional, informa Efe.
En concreto, la sentencia declaró inconstitucional y nulos algunos de los artículos de la disposición transitoria y de la adicional de la ley de Castilla y León que en 2002 permitió la reapertura de estas instalaciones al declararlas proyecto regional. Estos artículos establecían que las «las plantas o centros de tratamiento de residuos podrán ser declarados por ley proyectos regionales», algo que impedía en la práctica los recursos administrativos por las personas o colectivos que pudieran ver perjudicados sus intereses.
Sgún Fomento, este proyecto regional pretende establecer las condiciones de ordenación del centro, así como de todas sus instalaciones complementarias, tanto las existentes como las previstas para su viabilidad futura. También justifica el proyecto regional porque a su juicio el tratamiento y eliminación de residuos constituye un «servicio imprescindible» para la industria de la Comunidad, puesto que da servicio a más de 500 empresas en ramas como la automoción, la siderurgia, la petroquímica, la construcción, el transporte o las energías renovables. Su «inexistencia pondría en dificultades al aparato productivo», añade el decreto que advierte de que comprometería de forma grave el mantenimiento del empleo existente en el sector industrial. De esta forma, Fomento da los últimos pasos para aprobar el centro. En febrero, inició la fase de consultas ambientales previas de la evaluación de impacto ambiental y de consulta a las administraciones públicas, informa Ical.
A través de un comunicado, la organización Ecologistas en Acción denunció ayer que Cetransa «pretende ampliar el vertedero en una cuarta parte de su superficie» en unas obras que «ha realizado ilegalmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional».
Los ecologistas critican que la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid haya eximido al proyecto de evaluación de impacto ambiental porque se trata de legalizar instalaciones existentes que ya contaban con autorización, ya que la declaración de impacto fue anulada por el Tribunal Supremo en 2001, según esta organización. Por estas razones, Ecologistas en Acción reclama que se clausuren las instalaciones.