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Los juzgados inician cada día ocho ejecuciones hipotecarias

Los compradores firman préstamos con plazos medios de 21 años.

Los desahucios por impagos de viviendas se mantienen a pesar de la nueva norma.

Publicado por
J. A. | VALLADOLID
León

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Los juzgados de Castilla y León inician cada día ocho procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas por impagos, a pesar de la norma aprobada hace más de un año para frenar los desahucios y el código de buenas prácticas al que se han sumado la mayoría de las entidades bancarias. La llegada de la recuperación económica no ha impedido que muchas familias pierdan su casa, de hecho en el primer trimestre se han iniciado 719 procedimientos de este tipo en la Comunidad.

Entre enero y marzo se registraron en España 18.480 inicios de ejecución hipotecaria sobre vivienda, certificaciones solicitadas por el juzgado por impagos, según los datos recabados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. De ellos, el 63,87 por ciento se produjeron sobre personas físicas. Con relación a las nacionalidades, el 88,91 por ciento correspondió a españoles y sólo el 11,09, a extranjeros.

Las autonomías con un mayor número de certificaciones para ejecuciones de hipoteca son Andalucía (4.303), Cataluña (3.962), Comunidad Valenciana (2.648), Canarias (1.414), Castilla-La Mancha (1.184) y la Comunidad de Madrid (1.142). De hecho, las comunidades que centraron la actividad inmobiliaria durante el periodo expansivo son las que más registran. Por ello, Castilla y León ocupa el octavo puesto en el ‘ranking’ nacional, por detrás de Murcia (930).

Estos procedimientos, correspondientes a la situación de la vivienda en relación con sus cargas hipotecarias, son solicitados al Registro por el juzgado en el inicio del procedimiento de ejecución, que puede terminar en la entrega voluntaria o a la fuerza de la vivienda. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado año se contabilizaron 3.193 ejecuciones en la Comunidad, un cinco por ciento más que en 2012, cuando se alcanzó la cifra de 3.040.

A nivel nacional, el pasado año se registraron 82.680, un 9,8 por ciento menos, concentrándose en Cataluña (22,2 por ciento del total), Andalucía, la Comunidad Valenciana (14 por ciento) y Madrid (10,3 por ciento). Además, recientemente el Banco de España rebajó la cifra de entregas de viviendas a 49.694, frente a las 44.745 de un año antes. De ellas, sólo 16.173 fueron daciones en pago, por lo que en un gran número de casos los desahuciados mantendrán una deuda con el banco a pesar de perder la vivienda.

Crédito hipotecario

Los castellanos y leoneses siguen confiando, a pesar de la problemática suscitada por los desahucios y las clausulas ‘suelo’, en los bancos y cajas de ahorro para financiar la compra de las viviendas. De hecho, el 77,95 por ciento de las operaciones realizadas durante el primer trimestre en la Comunidad se hicieron con estas entidades. A nivel nacional, este porcentaje es once puntos superior, al situarse en el 89,26 por ciento, 5,7 puntos más que en el trimestre anterior.

La caída de los precios de la vivienda, que se sitúan en niveles de hace una década, ha rebajado el endeudamiento hipotecario en la Comunidad, que se sitúa en los 86.074 euros, frente a los 104.046 de la media nacional. Las autonomías con mayores niveles de endeudamiento por vivienda son la Comunidad de Madrid (173.314 euros), Baleares (129.202), País Vasco (125.076), Cataluña (119.921) y Navarra (107.122). En el extremo opuesto se encuentran Canarias (65.740), Murcia (68.513) y Extremadura (72.445).

Asimismo, la cuota hipotecaria mensual media alcanza en Castilla y León los 500 euros, al crecer un 4,01 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2013. Por el contrario, a nivel nacional descendió un 1,95 por ciento, hasta alcanzar los 583,35 euros. El porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se supone en la Comunidad el 29,85 por ciento, frente al 30,97 del conjunto del país.

Finalmente, los plazos de contratación de las nuevas hipotecas se mantiene en Castilla y León en los 257 meses -21 años y cinco meses-, mientras la tendencia nacional es al alargamiento, hasta los 270 meses, 22 años y medio.

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