La demanda en las residencias privadas se reduce un 20%

La crisis económica, que encadena seis años de malos datos, también ha tocado al sector de las residencias privadas de la tercera edad de Castilla y León que cuenta con un 19 por ciento de plazas libres después de que muchas familias se hayan visto obligadas a sacar a sus mayores de los centros para poder acceder a su pensión. La Federación regional de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), que aglutina a 152 centros y más de 10.000 plazas, constata que ya no hay lista de espera para acceder a una residencia y que cada vez es más complicado cubrir una plaza libre tras un fallecimiento, sobre todo las del ámbito rural.

El presidente de Acalerte, Diego Juez, explica que la situación que vive el sector no solo está motivada por las dificultades económicas que atraviesan las familias, muchas de ellas con todos sus miembros en paro, sino que también lo relaciona con los recortes. Cita la reducción de las ayudas económicas de la Ley de la Dependencia, el ahorro del gasto farmacéutico y el recorte del 25 por ciento de las plazas de concierto con la administración.

Cambio de tercio

Este director de la Residencia Jardín en Burgos comprende a los hijos en desempleo que deciden sacar a sus padres mayores de un centro, porque la pensión del abuelo facilita la entrada de ingresos en familiar o porque no pueden afrontar los gastos de la plaza. Al final, tal y como explica Juez, muchas personas en esta situación piensan que «el abuelo nos va a cuidar a nosotros con sus aportaciones económicas».

Del mismo parecer es la presidenta de la Asociación de Residencias sin Ánimo de Lucro (Lares), Ana Esther Miguel, quien ha constatado los problemas que atraviesan algunas familias donde el único sustento es la prestación del familiar jubilado. Bien es cierto que el sector donde operan, sobre todo instituciones religiosas, presta atención a las personas más vulnerables, por lo que el beneficio económico pasa a un segundo o un tercer plano. «Aquí nos ajustamos a cada pensión y preguntamos a los hijos hasta dónde pueden pagar», precisa. No en vano, destaca que «lo más importante es la persona y que esté lo mejor atendida posible».

Con esta idea se entiende que, por ejemplo, solo dos de los 52 residentes de un centro de este tipo paguen el precio completo, que en el caso de un asistido oscila entre 1.800 y 2.000 euros. El resto, hasta cubrir parte del coste de la plaza, se completa con la ayuda pública que recibe el usuario. Sor Ana Esther destaca el esfuerzo de la Junta con la Ley de la Dependencia. «Aquí ha habido recortes pero muchos menos que en otras comunidades», explica.

Castilla y León tiene un índice de cobertura en servicios residenciales por encima del 7,6 por ciento por cada cien personas mayores de 65 años. La última cifra de la Consejería de Familia es que la región suma 44.648 plazas. Una alta cobertura que trae consigo un «desajuste», según Juez, entre la oferta y la demanda por el exceso de plazas residenciales. Y eso que el 23 por ciento de población de la Comunidad tiene más de 65 años, un porcentaje que puede aumentar hasta el 28 por ciento en 2020.

El nivel de ocupación del 81 por ciento entre los centros residenciales privados que calcula Acalerte contrasta con el 88 por ciento facilitado por la administración regional. El presidente de la federación autonómica apunta que esa diferencia de siete puntos se debe a que los datos de la Junta incluyen a todo los centros, tanto públicos como privados. Las residencias dependientes de la Gerencia regional de Servicios Sociales tienen todas las plazas ocupadas, salvo las que reservan para los dependientes, e incluso cuentan con lista de espera.