La Junta hará un informe sobre el cumplimiento de la ley de morosidad

La Intervención General de la Administración de Castilla y León elaborará un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad antes del 31 de marzo de cada año, según se refleja en el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de la Comunidad. El documento, al que se puede hacer aportaciones hasta el 18 de julio, a través del espacio de Gobierno Abierto de la Junta, indica que ese informe se remitirá al titular de la Consejería de Hacienda para su traslado al Gobierno regional.

Asimismo, el texto legislativo elaborado por el Ejecutivo autonómico indica que el Servicio de Contabilidad de la Intervención General requerirá trimestralmente a los órganos gestores competentes información sobre los motivos por los que no se haya efectuado el reconocimiento de una obligación de aquellas facturas en las que haya transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de Documentos a Pagar.

Además, el Gobierno regional se compromete a través del Sistema de Información Contable, a facilitar información previa petición de los proveedores, sobre el estado de las facturas presentadas en soporte papel, unos datos que estarán disponibles a través de la Plataforma de Facturación en el caso de la tramitación electrónica.

El decreto pretende completar el Registro de Documentos a Pagar, «una herramienta válida y perfectamente adaptable a la normativa básica estatal», con la creación de un Registro Contable de Facturas dotado con las funcionalidades exigidas por la normativa gubernamental. En este sentido, «la regulación de ambos registros y su interrelación e integración en el Sistema de Información Contable permitirán canalizar toda la información referida a la tramitación de las facturas presentadas por los proveedores en los registros administrativos con independencia del soporte utilizado», recalca el texto.

Asimismo, desde el Gobierno regional expusieron que aunque la adaptación del Registro de Documentos a Pagar no supone modificaciones esenciales en el sistema contable desde un punto de vista técnico, el contenido de las anotaciones registrales, los plazos de inscripción, el seguimiento de los pagos y, sobre todo, la interconexión con el Registro Contable de Facturas, «exigen una profunda modificación del Decreto 4/2013, de 24 de enero, por lo que razones de claridad y seguridad jurídica aconsejan su expresa derogación abordando una regulación completa e integrada del registro de facturas a través de la presente norma reglamentaria».

El proyecto legislativo indica que el Registró Contable de Facturas será competencia de la Intervención General de la Comunidad, salvo en el caso de los entes públicos de derechos privado. Mientras, el Registro de Documentos a Pagar, se llevará a cabo por los servicios o unidades de gestión económica dependientes de las secretarías generales de las consejerías, de las delegaciones territoriales y de los organismos autónomos y entes públicos de derecho.