La FEMP acusa a las autonomías de blindarse contra la reforma local
. . El gobierno autonómico niega que sea así en Castilla y . León y recuerda que nadie ha puesto objeciones a su ley.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), acusó a las comunidades autónomas de blindarse contra la reforma local con leyes que impiden su entrada en vigor, porque no quieren asumir servicios que les corresponden y que ahora prestan los ayuntamientos. En una entrevista con Efe, De la Serna admitió su «enfado» por esta estrategia de los gobiernos regionales, que de una manera «abierta» están legislando sectorialmente para evitar cumplir con lo que les obliga la reforma, una facultad que los ayuntamientos «censuran» y por lo que pidió «auxilio» al Gobierno. En este sentido, el también alcalde de Santander aseguró que tiene el compromiso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de velar por que no exista «ningún tipo de ley» que pueda «limitar el alcance» de la reforma local y de que «va a actuar con contundencia para defender la reforma» que el propio Ejecutivo impulsó.
Uno de los grandes «avances» de esta reforma, en vigor desde enero, era el de delimitar las competencias que tiene cada administración y evitar así duplicidades, y sin embargo, denuncia, muchas comunidades «no quieren asumir que un servicio es de su competencia», que es su responsabilidad y que deben asimismo financiarlo, y «legislan para no tener que hacerlo».
Iñigo de la Serna aseguró a Efe que los servicios se siguen prestando, aunque «parcialmente de una manera injusta», porque no se están aplicando los artículos de la reforma correspondientes a la financiación y la delimitación de competencias.
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, negó ayer que hayan «blindado» contra los efectos de la reforma local. «Nuestra ley está dentro del marco constitucional», sentenció el portavoz, quien recordó que el propio Gobierno central «no ha planteado objeción» alguna a la regulación aprobada en Castilla y León para desarrollar la ley estatal. promovida por el Ministerio de Hacienda.