Redondo pide que Cuentas y no el procurador regule la transparencia

La oposición socialista asienta el control de la transparencia y protección de datos en Castilla y León en un Consejo con esa misma denominación cuya presidencia recaería en el titular del Consejo de Cuentas de la Comunidad, en vez de en el Procurador del Común, como recoge el proyecto de ley que sobre esta materia se tramita en las Cortes, donde se crearía también una oficina anticorrupción autonómica. Además, defiende que los imputados en procesos penales por delitos contra las administraciones públicas o por corrupción cesen en el cargo con la apertura de juicio oral.

Así figura en la enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de Ley de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León, iniciativa anunciada por la portavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo. En el documento, conocido por Ical y que consta de 73 artículos y varias disposiciones, se va más allá en el régimen sancionador para los altos cargos que en el proyecto de la Junta, con la declaración de incumplimiento y publicación en el Bocyl, cese en el cargo o no poder ser nombrado para ocupar puestos similares por un período de hasta tres años por infracciones muy graves. Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguardar el ejercicio de acceso a la información pública, se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Castilla y León, como autoridad pública independiente.