El Gobierno advierte a la Junta de un choque de competencias en la reforma
Ambos ejecutivos se reunirán en enero para buscar salida al posible conflicto .
El juego tendrá nueva regulación estatal y en la Comunidad.
El Gobierno ha realizado una advertencia formal a la Junta de Castilla y León sobre una posible colisión de competencias en relación con la reforma de la Administración autonómica, cuya ley aprobaron las Cortes el pasado 11 de septiembre. El Ejecutivo central y el regional se reunirán previsiblemente en enero para fijar una fecha, acercar posiciones y evitar llegar a un conflicto de competencias, que desde la Consejería de la Presidencia se ve posible salvar por tratarse de una cuestión menor.
La colisión de competencias, observada por el Gobierno, se produce en la redacción que se da a la modificación de la ley de 1998 reguladora del juego y de las apuestas en Castilla y León, que se recoge como artículo 8 en la nueva normativa de medidas para la reforma de la Administración autonómica. La Junta cree que será posible el acuerdo porque no incluye ningún requisito adicional para las empresas interesadas que pueda lesionar las contempladas en la legislación estatal.
En su redacción, ese artículo señala que la consejería competente en materia de juego dará publicidad mediante una orden publicada en el Bocyl de las diversas autorizaciones, licencias, permisos, habilitaciones o cualificaciones profesionales a personas o empresas que tengan la condición de interesadas en los juegos y apuestas en el territorio nacional y quieran hacer valer esos títulos en el territorio de Castilla y León, desde la garantía de la unidad de mercado.
Ese párrafo motivó la reunión de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, el pasado 27 de octubre, que acordó iniciar la negociación para resolver las discrepancias manifestadas sobre ese artículo normativo, designar un grupo de trabajo y comunicar dicho acuerdo al Tribunal Constitucional. En representación de la Junta, forman parte del grupo de conflictos, paso previo para evitar el recurso, el secretario general de la Consejería de la Presidencia, el director general de los Servicios Jurídicos y el director general de Financiación Autonómica.
El escenario que se abre es triple: que la explicación de los representantes de la Junta en el grupo de conflictos —uno de los tres de la Comisión Bilateral— convenza al Gobierno, que se llegue a un acuerdo interpretativo por las partes, que se publicaría en el boletín oficial del Estado y en el de la Comunidad, o que se tengan que modificar la ley en ese apartado. El secretario general de Presidencia, José Manuel Hernando, afirmó que «lo normal como mucho» sería llegar a un acuerdo interpretativo como la mejor solución para ambos.
El ‘número dos’ de la Consejería manifestó que no existe ningún requisito adicional para empresas que tengan los permisos y quieran validarlos e instalarse en Castilla y León.