Fomento rescata el ‘modelo alemán’ para invertir en carreteras de Castilla y León

El Ministerio de Fomento reforzará el ritmo inversor en carreteras el próximo año, como antídoto a la crisis y revulsivo para el empleo, una de las prioridades de los presupuestos de 2015. Para ello, rescatará el ‘modelo alemán’ o sistema de abono total del precio que permite afrontar la construcción de infraestructuras sin desembolsar ni un euro hasta que entran en servicio. Con este mecanismo se iniciarán en meses obras por importe de 100 millones en Castilla y León, de un paquete de 498 para el conjunto del país.

Esta fórmula se ideó por Alemania en la época del Tratado de Maastrich para sortear los límites del déficit público impuestos por los socios comunitarios. También permitió a la administración española durante los 90 seguir invirtiendo pese a la falta de recursos. En lugar de realizar pagos por certificaciones de obra, éstos se acumulan hasta la finalización de la infraestructura, cuando se abona toda la factura, sin que hasta entonces haya computado como déficit público.

El método alemán se puso en marcha por el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, quien invirtió con este modelo unos 2.100 millones entre 1997 y 2002. También, su sucesora Magdalena Álvarez recurrió a esta vía —2.500 millones de euros en 2005— mientras tramitaba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (Peit) debido a la escasez de recursos disponibles por los compromisos anteriormente adquiridos. Uno de los problemas es que traslada el gasto a años posteriores.

En 2015, el Gobierno tiene previsto poner en marcha un programa de licitación por el sistema de abono total del precio, que ascenderá a 498,90 millones de euros. Se trata de diez actuaciones en carreteras, de las que dos pertenecen a Castilla y León, que absorberán el 20,8% del presupuesto. Así, Fomento tendrá que movilizar 103,93 millones entre 2018 y 2019 para pagar a las constructoras las obras ejecutadas, sin que hasta entonces haya tenido que reservar ni una sola partida en los presupuestos.

Los empresarios no ven con buenos ojos esta fórmula ya que consideran que traspasa al sector privado la financiación que a su juicio le corresponde a la administración. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, quien añadió que tiene un beneficio claro para el Gobierno, ya que fomenta la creación de empleo «sin gastar dinero». También, advirtió de que «discrimina» a la pequeña y mediana empresa, que recordó no pueden sufragar estos proyectos, lo que recalcó vulnera el principio de máxima concurrencia en la contratación pública.