El PP saca en solitario la primera ley que regula la transparencia de la Junta
Las Cortes también aprueban el Estatuto del Consumidor y la nueva Renta Garantizada.
José Antonio de Santiago-Juárez, ayer, en la apertura del debate.
La segunda sesión del Pleno de las Cortes celebrada ayer estuvo marcada por sendos acuerdos, casi unánimes, en torno al Estatuto del Consumidor y a la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y un bronco encontronazo en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.
En la parte de debate legislativo del Pleno, tras aprobar únicamente una proposición no de ley del PSOE para pedir a la Junta que se sume al plan estratégico contra la hepatitis C anunciado por el Gobierno con la financiación suficiente, el acuerdo llegó con el trámite del Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
Después llegó el turno para la aprobación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que salió adelante con los votos del Grupo Popular y la oposición del PSOE y del Grupo Mixto, en un ambiente de reproche mutuo principalmente entre los representantes del PP, Juan José Sanz Vitorio, y del PSOE, Fernanda Blanco.
En defensa del texto intervino en primer lugar el consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, quien lo definió como «el más completo de los que existen en España».
La Ley prevé que el Procurador del Común actúe como Comisionado para velar por la transparencia y atienda los recursos planteados por los ciudadanos en caso de no poder acceder a información pública, aunque este aumento de la carga de trabajo no supondrá un incremento de gasto en esta institución.
Además, entre otras medidas, incluye la obligación de los altos cargos de la Junta de Castilla y León para presentar una declaración de bienes cuando accedan al puesto y otra al dejarlo, además de publicar anualmente su declaración de la renta.
La socialista Fernanda Blanco consideró el texto «insuficiente», al observar «impedimentos» en el acceso a la información por parte de los ciudadanos y falta de concreción para el acceso a los contratos públicos.
Pero el tono de la discusión subió aún más cuando se debatieron los puntos séptimo y octavo del orden del día del Pleno, referidos a la petición del PSOE para crear sendas comisiones de investigación sobre las supuestas vinculaciones con Castilla y León de la trama Gürtel y la presunta «financiación irregular» del PP de Salamanca para la campaña electoral de 1999.
La mayoría parlamentaria que ejerce el Grupo Popular rechazó la creación de estas comisiones de investigación, después de que la portavoz socialista, Ana Redondo, defendiera la necesidad de distinguir entre los ámbitos judicial y político, algo que en su opinión no hace el PP al escudarse en que ya se han investigado estos casos por la Justicia para no «depurar responsabilidades políticas». «¿Que tienen que ocultar?, preguntó Redondo.
Le replicó el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, convencido de que la Junta de Castilla y León ha actuado «con total transparencia» y de que la Justicia ha concluido tras años de investigación que «no ha habido irregularidades» en los cuatro expedientes aludidos por el PSOE para pedir la comisión.