Junta y agentes sociales refuerzan el presupuesto contra la crisis Tres detenidos por manipular 400 coches

Los integrantes del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los máximos dirigentes de patronal y sindicatos, firmaron ayer el destino de los casi 166 millones de que dispone esta Comunidad con el nuevo Fondo de Facilidad Financiera (FFF).

Esta cantidad, que se centrará fundamentalmente en la financiación de políticas sociales, se distribuye entre los 93,8 millones del presente 2015 y los 72 millones correspondientes a los años 2016 y 2017, según la información aportada por la Junta a través de un comunicado, después de que el acto de firma fuera cancelado como señal de duelo por la muerte del minero leonés.

En el acuerdo se concreta el destino de los 20 millones de euros que ya están a disposición de la Junta de Castilla y León en sus presupuestos y señala como objetivos de otros 20 millones de euros en el futuro para mejorar la atención a la Dependencia y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

En la reunión estuvieron presentes junto al presidente de la Junta, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el secretario general de CCOO, Ángel Hernández y el secretario general de UGT, Agustín Prieto, así como el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

Los firmantes dieron el visto bueno a cinco acuerdos de entrada en vigor inmediata sobre atención a la dependencia (5 millones), la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (3,5 millones) para que sea compatible con otras prestaciones, la recuperación de condiciones en los programas de madrugadores, ayudas al estudio universitario y comedores escolares (1,5 millones), al alquiler (5 millones) y otro sobre el sector forestal (5 millones).

En el caso de la atención a la dependencia, la Junta de Castilla y León cree que con esta «mejora sustancial» el modelo es «más flexible» al permitir a unas 37.000 personas un nivel de protección superior al establecido antes de la crisis y favorecer la incorporación de unos 8.000 nuevos profesionales.

La ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que desde ahora será compatible con un subsidio parcial por desempleo tal y como acordaron las Cortes de Castilla y León en una modificación de la ley que la regula, beneficiará a unas 7.000 personas. Otro de los acuerdos está encaminado a avanzar en la equidad en el sistema educativo, con la potenciación de programas de conciliación -Madrugadores- y la previsión de ampliar el número de beneficiarios de las becas universitarias en 4.300 estudiantes.

Para el fomento del alquiler, más allá de la cuantía económica fijada para ampliar el número de potenciales beneficiarios de ayudas, tanto la Junta de Castilla y León como los agentes sociales han destacado el compromiso para impulsar en la próxima legislatura un parque público de vivienda en alquiler.

Por último, referido al sector forestal, el pacto supone como medida inmediata el refuerzo del operativo de lucha contra incendios forestales en 5 millones de euros para este año 2015.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas de entre 40 y 37 años en Valladolid que supuestamente vendieron más de 400 vehículos con los cuentakilómetros manipulados por valor superior al millón y medio de euros, hechos por los que se les imputan los delitos continuados de estafa y falsedad documental.

De la operación, la Guardia Civil informó ayer en una nota de prensa de que estas tres personas -que están en libertad con cargos- compraron durante tres años los vehículos a empresas de subastas y alquiler con bastantes kilómetros recorridos a un precio muy económico.

Posteriormente, en un taller de compra-venta que poseían dos de los detenidos manipulaban la cifra del cuentakilómetros para ofertarlos a través de Internet y de revistas especializadas en la compra-venta de vehículos.

Estas ofertas, según las mismas fuentes del Instituto Armado, resultaban muy atractivas para los compradores, ya que creían que compraban un vehículo con pocos años y con escasos kilómetros recorridos cuando era todo lo contrario.

Captación de clientes

Una vez que las víctimas se interesaban por la oferta, los acusados se dirigían al establecimiento de compra-venta para formalizar la venta del coche. En la mayoría de los casos, presentaban los vehículos como nacionales, de gama media-alta, de una antigüedad media de cuatro años y aparentemente bien cuidados de chapa, pintura e interiores, aunque en muchas ocasiones tras la compra les aparecían averías debido a la gran cantidad de kilómetros que habían recorrido.

Sin ITV

Los implicados solían adquirir vehículos que no habían pasado la inspección técnica, por lo que no constaban los kilómetros rodados en los expedientes de las estaciones de ITV. y de Tráfico. De esta manera conseguían que quedara registrada la cantidad que ellos habían establecido a la hora de pasar la revisión.

En aquellos casos en los que los coches ya habían pasado la ITV y que en las tarjetas de Inspección Técnica estaban anotados los kilómetros reales recorridos, los manipulaban y solicitaban un duplicado de la tarjeta, alegando haberla extraviado, para evitar que aparecieran los kilómetros anotados anteriormente.

Los cuentakilómetros los modificaban aplicándole a la centralita del vehículo un programa informático que les permitía variar la cantidad de kilómetros rodados por cada automóvil.

La investigación, que se desarrolla desde hace seis meses, continúa abierta y no se descartan más afectados, ya que el volumen de vehículos vendidos es muy elevado.