La Junta asume que tiene que combatir la «brecha social» que deja la crisis
De Santiago-Juárez: «Estos años han dejado muchos damnificados».
De Santiago-Juárez, ayer, en la rueda de prensa.
La Junta reconoció ayer que es necesario «profundizar» durante la próxima legislatura, «gobierne quien gobierne» tras las elecciones, para corregir la «brecha social» que la crisis económica ha abierto y que ha dejado «muchos damnificados».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, expresó que su partido, el PP, llevará en su programa esta línea de actuación, porque aunque remarcó que en esta Comunidad las desigualdades y los indicadores de pobreza son inferiores a los de otras autonomías, «nadie se puede poner una medalla». En su opinión, este tema hay que tratarlo «con muchísimo pudor» porque, aunque «es cierto» que la economía está «saliendo de la crisis», estos años han dejado «muchos damnificados» que requieren de un «esfuerzo» para corregir su situación y tender a la cohesión social.
De Santiago-Juárez vinculó esta situación con la decisión del Ministerio de Sanidad de revocar la medida que limitaba la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y los datos obtenidos por esta Comunidad en la Encuesta de Calidad de Vida del Ine.
El portavoz recordó también el análisis realizado por la asociación de gerentes de servicios sociales, en el sentido de que la Red de Protección de las Familias desarrollada en Castilla y León ha servido para limitar el nivel de pobreza y controla «mejor» la «brecha social» y las «desigualdades» generadas por la crisis económica. En este sentido, De Santiago-Juárez ligó estas afirmaciones con la aprobación ayer de sendos acuerdos del Consejo de Gobierno que subvencionan con 1,5 millones de euros la financiación de programas de protección, atención e inserción de menores y con 1 millón de euros la actividad de entidades que desarrollan actuaciones dentro de la Red de Protección de las Familias.
En concreto, el primero de los acuerdos servirá para que quince entidades continúen desarrollando programas de protección sobre menores que estén o hayan superado algún proceso judicial.
La mayor parte del dinero, 1,1 millones, irá a parar a la Asociación para la Protección del Menor, que gestiona los denominados Puntos de Encuentro Familiar como fórmula para facilitar la convivencia de familias que se hayan visto afectadas por situaciones de crisis derivadas de una separación matrimonial y otras modalidades de ruptura, según la Junta.