Fomento facilita a medio millar de familias que no pierdan su vivienda
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dado facilidades a casi medio millar de familias de Castilla y León que se encontraban en una situación complicada, por la crisis, pero también por otras circunstancias, con el objetivo de que no se vieran inmersos en un proceso de desahucios y perdieran su casa. Para ello, ha flexibilizado el pago del alquiler o las cuotas de la hipoteca de las viviendas protegidas de titularidad autonómica, con diferentes alternativas como moratorias o reestructuraciones de deuda.
Fomento puso en marcha en julio de 2013, hace casi dos años, una batería de medidas urgentes con el objetivo de hacer frente al drama de los desahucios, que todavía golpea cada día a unas seis personas en la Comunidad. La Consejería introdujo cambios en la legislación, sobre todo, para no tener que desalojar a los moradores de viviendas de su parque autonómico. Además, ha autorizado casi 350 amortizaciones anticipadas de VPO, con descuentos del 30 por ciento.
El plan de choque impulsado por la Junta fue requerido desde su inicio por 480 familias, si bien el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con 438 solicitantes, pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión como las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.
Alternativas
La Consejería ofrece diferentes alternativas para facilitar el pago de las cuotas de compra o alquiler de sus VPO para evitar desahucios. Para ello, permite, según cada caso, moratorias o reestrucuraciones de la deuda hipotecaria, así como aplazamientos en los pagos de la renta, rebajas de hasta el 50 por ciento en las mensualidades y la renegociación de la deuda contraída con la administración autonómica. En paralelo, quienes opten por una amortización anticipada pueden beneficiarse de descuentos del 30 por ciento, que se eleva al 40 por ciento, si se adquiere una vivienda en arrendamiento.
También, Fomento aplicó en las viviendas de promoción pública sin adjudicar una reducción del 20 por ciento los precios de venta y alquiler para que puedan acceder a ellas colectivos más amplios. Además, la Junta estableció la obligación de que la Junta y los ayuntamientos reserven un número de viviendas para atender situaciones de emergencia, en colaboración con los servicios sociales, y la creación de un parque público de viviendas en alquiler con la reserva de un 30 por ciento de las viviendas desocupadas y de los terrenos de uso residencial.
La Consejería ayudó en estos dos primeros años a 38 propietarios de Ávila a pagar la cuota mensual de su vivienda protegida, así como a 32 de Burgos, cuatro menos de los que lo pidieron. También atendió en León 152 solicitudes, tres menos de los que se registraron.