El Tribunal Contractual, más competencias con los mismos medios
La asunción de nuevas competencias, como la de ejercer desde 2012 también como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, ha aumentado la carga de trabajo de la institución, que lo asume a coste cero para la administración, lo que no ha impedido reducir el plazo de 32 a 24 días a la hora de dictar una resolución sobre el llamado recurso especial en materia de contratación. Desde 2012 y hasta la fecha, el Tribunal ha resuelto 42 resoluciones derivadas de contratos recurridos correspondientes a la provincia de León, tanto de la Administración autonómica, como de la local y la universidad. Todavía no demasiado conocido, salvo como es lógico por las administraciones y los contratistas, el Tribunal que también preside Mario Amilivia aprobó recientemente la memoria de actividad de los últimos tres años, en los que se ha reforzado como instrumento de control de la legalidad en las fases de preparación y adjudicación de los contratos del sector público. Hasta la fecha son ya más de 250 las resoluciones dictadas, que han garantizado la libre concurrencia e igualdad de trato, permitiendo que siempre gane la mejor oferta, ahorrando, en definitiva, mucho dinero público.
En el periodo 2012-2014 se estimaron un 27,2% de los recursos presentados, porcentaje que se eleva al 40% si se excluyen los que fueron inadmitidos. Los contratos de la Administración autonómica –especialmente la Consejería de Sanidad- generaron cerca de 100 recursos; frente a los de la local (Diputaciones, Ayuntamientos y otras entidades locales) 85 y los de las universidades y otros poderes adjudicadores, 27. En lo que va de 2015 ha aprobado 60 resoluciones derivadas de recursos, en su mayoría, sobre contratos de servicios y suministros. La suma de las cuantías de todos los contratos recurridos, al menos de todas las que se pudo disponer en la tramitación correspondiente, alcanza los 301,2 millones de euros, lo que da una idea de la trascendencia de las decisiones.