El buzón del malestar

L a presidenta de las Cortes recibió en julio el informe del Procurador del Común sobre las quejas tramitadas durante el pasado año, con el que Javier Amoedo comparece el segundo miércoles de septiembre. Un calendario inadmisible para la gestión del malestar ciudadano, que Silvia Clemente ya ha anunciado que va a modificar de inmediato, de manera que el portavoz de la gente entregue su informe al parlamento en el primer trimestre y su comparecencia plenaria se tramite antes del verano. El dato más relevante referido a 2014 es la caída de las reclamaciones recibidas. Un descenso que se acerca al cuarenta por ciento respecto al año anterior y que agrava el hecho de que todavía hay instituciones que ni siquiera contestan en el turbión de la crisis a las reclamaciones de la gente.

Con esta mengua, esquinazos y desplantes, la comparecencia sosegada del Procurador del Común, Javier Amoedo Conde, llama sobre todo la atención por su pauta tranquila y razonada. El fiscal Amoedo, que siempre tuvo el aprecio de sus alumnos, a los que preparaba eficazmente para las oposiciones, solía compartir a veces con ellos la ronda de vinos y camaradería por el barrio Húmedo de León. Esa misma capacidad de exigencia y buena disposición es la que trae ahora, una vez al año, al hemiciclo, cuando viene con el recado del malestar. Y lo sabe hacer con ponderación y sosiego, pero sin renunciar a la contundencia de su mensaje. Porque es muy consciente de que habla en nombre de quienes no tienen voz. Los enfermos, los pacientes mentales, los discapacitados, la gente que ha visto su estabilidad arrasada por el azote de la crisis.

Por eso es tan importante su intervención y resulta eficaz su denuncia. Al contrario que el resto de los discursos que brotan de las instituciones, aquí el protagonismo corresponde siempre a las víctimas, a quienes se sienten maltratados por la administración o desoídos en sus reclamaciones. Un discurso centrado en aspectos orillados por la corriente de los grandes temas. Que no son menudencias, porque afectan a la vida de la gente.

El Procurador del Común Amoedo planteó la necesidad de que se reforme la ley ya refundida de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para que su percepción sea compatible con otras prestaciones públicas. También reclamó en las Cortes que se agilicen los plazos de tramitación de esta ayuda, de manera que no se produzca el desamparo de los beneficiarios durante medio año. En ese sentido, el portavoz de Podemos Pablo Fernández Santos recalcó, en rueda de prensa de su grupo, que la red de protección social de la Junta es insuficiente ante el creciente número de personas en riesgo de pobreza, según el Consejo Económico y Social. Para remediar el riesgo de exclusión social, Podemos presentó una proposición de ley reguladora de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración de Castilla y León. Se trataría de conceder prioridad presupuestaria, de plazos y recursos, en la tramitación de los casos de emergencia social, evitando que situaciones transitorias puedan convertirse, por desatención, en estructurales. La escolarización, las víctimas de violencia de género, la renta de ciudadanía, las prestaciones sanitarias y farmacéuticas básicas y los incentivos a la contratación indefinida serían las áreas de actuación prioritaria. En relación con el Procurador del Común, Podemos plantea su comparecencia bianual y la facultad de reprobación parlamentaria a las instituciones que no cumplan sus resoluciones.