La Junta marca la apertura de juicio oral para exigir la dimisión de un alto cargo
El Código Ético y de Austeridad será el «germen» de la nueva ley, según Valdeón.
Rosa Valdeón, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
La Junta de Castilla y León aprobó ayer un nuevo código de conducta para sus altos cargos que incorpora la «ética» al aprobado en 2011 sobre austeridad y que implica, entre otras medidas, la dimisión de quien vaya a ser juzgado por un delito contra la Administración Pública.
El nuevo «Código Ético y de Austeridad», que será el «germen» de la futura ley que regulará el ejercicio del alto cargo en la Administración autonómica, fue aprobado ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, tras la que la vicepresidenta, Rosa Valdeón, compareció ante los medios de comunicación para explicar las novedades.
Novedades
Una de las más destacadas prevé que los altos cargos tendrán que comunicar a la Junta la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse «indicios racionales de comisión de un delito» y «dimitirán en el caso de que se le abra juicio oral por delito contra la Administración Pública».
Delitos de «corrupción, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho» fueron citados por Valdeón como ejemplos de casos afectados por este punto del código, aunque añadió que otras conductas que pongan en tela de juicio la «ejemplaridad» del alto cargo y que puedan afectar a la imagen de la Administración, como conducir ebrio, también «podrían ser de aplicación».
La portavoz explicó que los principios rectores de este documento -objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad- son los que deben regir la actividad de los altos cargos, por lo que quienes ostenten esta responsabilidad asumen que no pueden anteponer intereses particulares, evitar cualquier «acción u omisión que vaya en detrimento del prestigio de la Administración» y gestionar los recursos públicos «de manera eficiente y racionalizando el gasto público», entre otros.
La vicepresidenta defendió que estas medidas «ya se están respetando», aunque la Junta consideraba necesario ponerlas «negro sobre blanco» para que este documento sirva de base para la ley que anunció Herrera en su investidura.